Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Hasta 5 millones de pesos en multas fueron recaudados por delitos ambientales en el primer trimestre del 2022. Irregularidades en el manejo de los residuos sólidos, degradación de los ecosistemas forestales, incumplimiento de las fraccionadoras en permisos ambientales e incluso omisiones de obligaciones por parte de los gobiernos municipales, entre lo más señalado. El informe trimestral de la Procuraduría Ambiental de Michoacán (Proam) destacó que durante los meses de enero, febrero y marzo recibió y atendió 27 denuncias ambientales. De éstas, siete estuvieron relacionadas con la gestión inadecuada de residuos; cinco, con temas forestales, y el resto tuvo que ver con la construcción de fraccionamientos u obra pública, la extracción de material pétreo, contaminación de aguas, industrias de competencia estatal, y operación de una granja. Las demarcaciones en donde se dieron los señalamientos fueron Morelia, Lázaro Cárdenas, Zamora, Jacona, Uruapan, Parácuaro, Villamar, Ziracuaretiro y Contepec, entre otras. En este sentido, se advirtió que las oficiales zonas urbanas y poblaciones consideradas como cabezas de distritos fueron las que resultaron en la mayor cantidad de irregularidades, muchas de las cuales se desprenden de la omisión y las faltas de capacidades para atender temas ambientales y de disposición de basura. Durante este periodo, personal de Inspección y Vigilancia de la Proam llevó a cabo 42 actuaciones de forma oficiosa en sitios de disposición final de residuos, bancos de materiales pétreos, industrias de competencia estatal y conjuntos habitacionales en los municipios de Morelia, Zamora y Villamar, principalmente. Derivado de lo anterior, así como de actuaciones realizadas durante el año pasado, la Subdirección de lo Contencioso Ambiental de la Proam llevó a cabo 320 acuerdos de sustanciación de procedimientos administrativos, además se notificaron multas por más de 5 millones 240 mil pesos a infractores ambientales. La cifra de sanciones por delitos ambientales apunta a una tendencia a rebasar a lo generado durante el año pasado, cuando fueron al menos 11 millones de pesos en multas por delitos y violaciones a las leyes ambientales. En su momento se destacó la instalación de antenas de telefonía y fraccionamientos han tenido que desembolsar fuertes cantidades de recursos en el estado. Persiste incumplimiento Datos de la Procuraduría Ambiental de Michoacán revelaron que en general, todos los ayuntamientos que han sido inspeccionados por las autoridades ecológicos y fueron sancionados por distintos motivos. En este sentido, la Proam celebró qué la mayor parte de los actos de autoridad concretados en carpetas se lograron gracias al acercamiento y la mayor se sensibilidad de los michoacanos a los temas ambientales a través de la denuncia anónima. En lo que va del año, la mayor parte de las quejas y denuncias se focalizaron en la ciudad de Morelia. Debido a la expansión descontrolada de la mancha urbana, las afectaciones ambientales llevaron a más de 40 expedientes en el primer año de la actual administración estatal. En términos generales, irregularidades en la disposición de residuos de manejo especial, permisos de construcción de conjuntos habitacionales y otras irregularidades, dieron pie al inicio de procedimientos administrativos. El procurador ambiental del estado, Arturo Chávez Carmona aseguró que incluso si los delitos ambientales o actividades que afecten al medio ambiente no competen a la instancia administrativa del ejecutivo estatal, las mismas pueden ser canalizadas y seguridad hacía más instancias de los municipios o en su caso, de la federación. Actualmente se cuenta con un número de denuncia debidamente habilitado, un buzón de denuncias con correo electrónico, a través de las páginas oficiales o incluso directamente de manera presencial en las instalaciones de la Proam. Constructoras, en la mira ecológica Desde el 2016 los procedimientos en contra de las empresas constructoras de fraccionamientos también se cuentan por decenas. La mayoría de las denuncias en contra de las constructoras por irregularidades radica en la falta de los permisos de construcción y la afectación directa a los ecosistemas locales. Las ciudades del estado son las que concentran la mayor necesidad de protección y vigilancia ambiental. El informe del fin de año pasado colocó a la ciudad de Morelia como el punto dónde se han concentrado la mayor cantidad de denuncias en fechas recientes por contaminación auditiva, del aire, desarrollo habitacional y otras violaciones principalmente de empresas particulares.
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