El proyecto autogestivo Lo Común sigue cercado por la policía, luego de que, desde el pasado 9 de julio, la Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) denunció públicamente el sorpresivo aseguramiento del inmueble que mantenían ocupado en la calle Héroe de Nacozari, en la colonia Obrera, acusando directamente al gobierno del estado de usar a la fuerza pública para romper de tajo las mesas de diálogo que se mantenían vigentes. El desalojo, de acuerdo con un pronunciamiento de la organización, se ejecutó de forma nocturna el pasado 9 de julio. Elementos de la Guardia Civil y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al lugar para colocar los sellos de clausura y dejar una patrulla de custodia. Sin embargo, el reclamo central de los activistas apunta a la ilegalidad del acto: aseguran que los agentes jamás mostraron una orden judicial ni notificaron previamente a sus abogados. Para la CCAOS, este movimiento de las autoridades representa una traición al acuerdo político, ya que el propio gobierno de Michoacán había propuesto una ruta de negociación para decidir de manera conjunta qué pasaría con el edificio. Foto, Samuel Herrera Jr. Foto, Samuel Herrera Jr. Foto, Samuel Herrera Jr. Del olvido a la vida comunitaria La propiedad había sido tomada por los colectivos desde el 1 de mayo pasado. En apenas un par de meses, el inmueble —que se encontraba en desuso— fue rehabilitado por los propios activistas para operar como un espacio cultural independiente. In su interior ya funcionaban una biblioteca comunitaria, talleres interactivos y diversas actividades abiertas para los vecinos de la colonia. Tras el cierre del espacio, el frente de organizaciones sociales exigió a las autoridades estatales cumplir con cuatro puntos inmediatos: Explicar públicamente bajo qué fundamento legal y con qué carpeta de investigación se ordenó el aseguramiento del lugar. Dar acceso inmediato a los integrantes para recuperar la biblioteca, equipo, documentos oficiales y pertenencias personales. Frenar cualquier tipo de acoso y garantizar la integridad de las personas que gestionaban el espacio. Respetar las movilizaciones y el derecho a la protesta que detonará esta acción. Redacción / La Voz de Michoacán
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