CEDH investiga presunta violación a derechos tras despojo de mercancía a vendedor de elotes en Morelia

La CEDH reitera, una vez más, que no se opone a la actuación de los servidores públicos siempre y cuando su trabajo se realice con apego al orden jurídico

Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación de oficio en torno a los hechos en donde servidores públicos del Ayuntamiento de Morelia, despojaron de su mercancía a un vendedor de elotes en la vía pública, lo que pudiera constituirse en conductas violatorias a la dignidad humana.

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El responsable del Despacho de la Presidencia Uble Mejía Mora, instruyó al coordinador de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, Ángel Botello Ortiz, para que se iniciara la integración del expediente de queja y las investigaciones que el caso amerita para establecer la presunta violación a los derechos humanos por acción u omisión de los servidores públicos involucrados.

De acuerdo a las versiones periodísticas la noche de este martes, vendedores informales se enfrentaron en el centro histórico de la capital michoacana, tras el decomiso por parte de servidores públicos del municipio, de un puesto de elotes en la calle Corregidora, en su intersección con la cerrada de San Agustín.

En un video difundido en redes sociales se observa la trifulca que dejó la mercancía dispersa en la calle, luego de que los elementos de seguridad pública e inspectores del municipio extrajeron el carrito de elotes para su decomiso.

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La CEDH reitera, una vez más, que no se opone a la actuación de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, siempre y cuando su trabajo se realice con apego al orden jurídico, con respeto a los derechos fundamentales y cuando la conducta de los ciudadanos esté prevista como delictiva por la legislación o como falta administrativa por las leyes secundarias.

Esta Comisión se pronuncia porque todo acto realizado por servidores públicos para hacer cumplir la ley se realice conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y en las leyes y reglamentos locales disponibles; a la vez reitera su compromiso en la vigilancia y respeto de los derechos humanos de los michoacanos.