Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- Están detenidas las sanciones para empresa constructora y particulares en el Pico Azul de Morelia. El controvertido caso de daño medio ambiental, se encuentra paralizado desde hace meses por el recurso de apelación interpuesto a los fraccionadores. En voz de Juan Carlos Vega Solórzano, titular de la Procuraduría Ambiental de Michoacán (PROAM), existen todos los elementos para que se sancione tanto por la vía administrativa como la vía penal las acciones de los particulares en el ecosistema boscoso del sur de Morelia. No obstante, reconoció que la empresa está en su derecho de apelar las sanciones interpuestas por a PROAM. Asimismo, aclaró que existe la certeza de que todas las acciones de clausura, multas y procedimientos administrativos están formulados correctamente. “Metieron recursos de apelación. Están en su derecho. Nosotros estamos seguros de que el procedimiento se realizó conforme a derecho y que el tribunal de Justicia Administrativa le dará la razón, no a la procuraduría sino a todos los michoacanos y morelianos que demandan un combate al cambio climático y sobre todo a esta área tan crítica y tan importante para el abastecimiento de agua”, explicó el titular de la PROAM. Las comunidades rurales de Jesús del Monte mantienen por su parte el resguardo de la zona, en dónde constantemente alzan la voz para exigir la resolución del conflicto se actualmente se encuentra en tribunales administrativos. En entrevista, el titular de la PROAM señaló que incluso el dictamen de daños a arroyos y el riesgo civil provocado en cuanto a deslaves, también se encuentra dentro del mismo procedimiento de sanción. El daño ambiental se advierte irreversible. El Arroyo Bello, cuerpo de agua que durante cientos de años abasteció al monumental Acueducto de Morelia desapareció por el paso de la maquinaria y la remoción de rocas, tierra y veneros que alimentan además a otros manantiales que forman parte del abastecimiento de agua de comunidades de Jesús del Monte. “Esto es independiente de los intereses particulares de aquellos desarrolladores o fraccionadores que en el ímpetu de construir viviendas necesitan verse delimitados en medio ambiente y esa es nuestra tarea. Tienen idea de que no procedimos conforme a derecho y ellos están en su derecho de apelar”, explicó. Fue enero de este año, cuando la jefatura de tenencia, activistas y especialistas de la región denunciaron el impacto del crecimiento de desarrollos habitacionales autorizados por gobiernos municipales y estatales durante administraciones pasadas. Las imágenes sobre el desarrollo de cabañas demuestran el impacto generado por los desarrolladores de la empresa sancionada, en dónde desde los accesos, se removieron las capas vegetales para la consolidación de un camino de acceso, así como una cantidad no especificada de árboles endémicos de la zona sur de Morelia. Luego de que se logró la clausura del primer fraccionamiento turístico, la misma comunidad advirtió que la propia población detectó intenciones de construir otro desarrollo habitacional en la zona cercana. Con respecto al Ordenamiento Territorial Ecológico del municipio de Morelia, el proyecto se encuentra dentro de la UGA AhCUM192A, ambos instrumentos remiten al Programa de Desarrollo Urbano de Morelia.
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