Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El sur de Morelia es el foco rojo en desarrollo irregular urbano. La proliferación desmedida de fraccionamientos, colonias y asentamientos sigue cobrando factura de zonas de recargas acuíferos, microcuencas y las últimas reservas forestales del estado. En el último mes, al menos dos casos de fraccionadoras invadiendo espacio forestal fueron denunciadas por ambientalistas a las autoridades estatales, por lo que se iniciaron procedimientos administrativos para frenarlos mientras se supervisan los permisos. En entrevista para La Voz de Michoacán, Arturo Chávez Carmona, titular de la Procuraduría Ambiental (PROAM) de esta entidad reconoció la complejidad de la zona sur del municipio. Al encontrarse en zonas boscosas, con disponibilidad de recursos hídricos y alto valor de plusvalía, dichos territorios han visto instalarse fraccionamientos que amparados en la repartición de permisos municipales y otros trámites se siguen expandiendo de manera exponencial. En lo que resta de este 2022 y el próximo 2023, el eje central de las acciones de la Procuraduría Ambiental del Estado, se enfocará en revisar de uno por uno a los fraccionamientos en cuanto a los documentos de manifestación de Impacto Ambiental, permisos y trámites necesarios. “De mi parte hay una estrategia que de manera oficiosa o por denuncias tenemos que estar bastante atentos. El problema es que en los análisis que hacen cuando trazan en los programas de desarrollo urbano no se fijan en muchos detalles que tienen que ver con los recursos naturales”. Arturo Chávez Carmona, procurador ambiental del estado “Ahorita tenemos la confirmación del consejo territorial y urbano ahí vimos detalles. Vamos a hacer una revisión y visitas al foco rojo. Es dónde le vamos aponer atención los días que restan del año”, manifestó. Esta semana, el fraccionamiento Vista Verde, en la zona sur y en la parte trasera de una reconocida cadena comercial, fue señalado por el Consejo Estatal de Ecología por incurrir en la destrucción de una importante extensión de superficie forestal. Por lo anterior, el procurador Chávez Carmona cumplimentó una visita de inspección y vigilancia en la construcción de un fraccionamiento ubicado al surde Morelia, en las inmediaciones de la colonia San José del Cerrito. Foto: Proam La actuación se ejecutó de oficio, por lo que se requirió a los responsables de la obra presentar la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, así como la autorización para las etapas de la gestión integral, de las cuales, esta última no fue exhibida al momento de la visita. Lo anterior quedó asentado en un acta circunstanciada para su revisión y análisis, para así actuar conforme a lo establecido por la legislación ambiental en caso de encontrar irregularidades que puedan ser susceptibles a sanción por esta dependencia. La PROAM señaló que dará seguimiento a este y otros casos relacionados con la construcción de fraccionamientos y desarrollos habitacionales, para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental. “El fraccionamiento tiene su manifestación de impacto ambiental. Hay problemas con algunos desechos, pero fue una primera visita un poco con premura porque nos lo reportó COECO. El fraccionamiento está autorizado y nosotros vamos a revisar las condicionantes”, manifestó. CAMPOS DE ALTOZANO SIGUEN BAJO INSPECCIÓN A un mes de que el Consejo Estatal de Ecología (COECO) denunció el ecocidio por la expansión de presuntos campos de golf en la zona colindante del Área Natural Protegida y reserva Forestal de Jesús del Monte, las obras permanecen detenidas. Luego de destruir más de 4 mil pinos y plantas endémicas de la zona sur, la empresa constructora tiene hasta la próxima semana para presentar la documentación de estudios de Impacto Ambiental, así como elementos que prueben que cumplieron con las medidas de mitigación por la expansión de sus predios fraccionados. Fuentes cercanas han revelado que, hasta el momento, las empresas particulares involucradas no cuentan con dichos dictámenes por lo que se prevé, tendrán que pagar la reparación del daño provocado a los ecosistemas del sur de Morelia, mismos que son reconocidos por dotar de cientos de millones de pesos anuales en servicios ambientales como agua, aire y recursos maderables.
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