En Michoacán el 70 por ciento de los tiraderos de basura están en la irregularidad, informó el procurador de Protección del Medio Ambiente, Arturo Guzmán Abrego, quien sostuvo que a pesar de que algunos rellenos sanitarios cumplen con la norma ambiental, no están funcionando al 100 por ciento en cuanto a la separación de residuos. Dijo que ello es debido a que su mantenimiento no es tan sencillo. Indicó que si bien, existen algunos Centros Intermunicipales de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos (CITIRS) en el estado, éstos están muy alejados, lo que ocasiona un alto costo de traslado para los ayuntamientos, quienes terminan depositando la basura en sus propios basureros. Entre los requisitos que más les cuesta a los ayuntamientos cumplir para tener un relleno sanitario se encuentra establecer una olla de captación de lixiviados, como en el caso de Charo, donde sus habitantes manifiestan que existe el riesgo de contaminación de mantos acuíferos. Informó que durante el 2014 se clausuraron cinco basureros en los municipios de Charo, Jacona, La Piedad, Tzintzuntzan y Churintzio; mientras que con otros tres se firmaron convenios, mismos que están en proceso de clausura definitiva. Explicó que si no cumplen con la norma primero proceden a suspender su actividad y después, una vez que se inicia el procedimiento administrativo, los municipios están obligados a cerrar paulatinamente y después llevar a cabo los procedimientos necesarios ante el estado y la federación para cumplir con la norma y establecer su propio relleno sanitario, conforme está previsto por la Ley. Señaló que a pesar de las carencias de recursos económicos que se presentaron durante el año, lo que les impidió crecer en infraestructura, indicó que se siente satisfecho por los resultados obtenidos en los programas que maneja la Procuraduría, como en el caso del programa de Detección de Vehículos Ostensiblemente Contaminantes y las auditorías ambientales. Así como la revisión de las manifestaciones de impacto ambiental, la cancelación de diversos basureros municipales que no cumplían con la norma y la clausura de los clandestinos, la regularización de bancos de arena en la capital michoacana y otros municipios, y de igual forma, el crecimiento de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente en todo el estado. Sin embargo, el titular de la Proam admitió que aún quedarían algunos trabajos pendientes por fortalecer como el tema de la auditoría ambiental ya que es de suma importancia. “Todas las empresas que están trabajando en el estado tienen que darse cuenta de lo benéfico de ese programa ya que los ayuda mucho a ingresar más fácil al programa de la certificación que tiene la federación”, explicó. Como se recordará, se trata de un programa voluntario en el que a pesar de su gratuidad, no se puede obligar a las empresas en participar para obtener su certificación. Descartó que para el siguiente año estas revisiones pudieran tener otro carácter, aunque la Ley sí obliga a las autoridades ambientales revisar que cuenten con su manifestación de impacto ambiental y cédulas de operación. El procurador de Protección al Medio Ambiente consideró que las carencias que se tuvo en materia económica fueron motivadas por las circunstancias que ocurrieron durante la administración estatal. “Con limitantes pero nos permitieron ir cumpliendo poco a poco”, señaló. En este punto, confió que para el siguiente año el Gobierno de Michoacán pueda mejorarles el presupuesto en relación al que tuvieron este año (13 millones de pesos) debido a que los proyectos de la Proam son grandes y buscan tener un alcance en los 113 municipios de la entidad. “Queremos que el Congreso (local) y el gobernador hagan un balance de lo terminado y nos permitan establecer el crecimiento de la Procuraduría porque así lo requiere la ciudadanía”, indicó.
La Voz de Michoacán
