El Congreso de Michoacán aprobó las reformas constitucionales en materia de disciplina financiera a los estados de la República y los ayuntamientos para la contratación de deuda pública. Los legisladores michoacanos dieron su voto a favor a las reformas aprobadas por los diputados federales, luego de que se les hiciera un exhorto para que las avalaran. Con esta reforma constitucional, el Congreso de la Unión pondrá candados a los congresos locales y a los gobiernos estatales, incluido Michoacán, para la contratación de nueva deuda, refinanciamientos y reestructura de créditos de pasadas administraciones. La reforma constitucional como todas las demás es netamente centralista y ahora serán los poderes Ejecutivo y Legislativo quienes determinen autorizar nuevos endeudamientos. Por mayoría, el Congreso del Estado avaló esta reforma constitución al considerar que la misma es bajo el principio de estabilidad de las finanzas públicas y su consideración en el sistema de planeación democrática del desarrollo, al referir su observación en, la elaboración de los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo. Los legisladores locales en el dictamen determinaron que es importante considerar las coincidencias de las colegisladoras al advertir que las finanzas estatales y municipales han soportado quebrantos de manera importante, puesto que han permeado en ellas aspectos políticos, económicos, sociológicos, administrativos y jurídicos que es necesario tener en cuenta e integrar, “si se pretende conocer y más aún llevar a cabo adecuadamente la actividad financiera pública y que hasta este momento no se habían considerado”. Las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Deuda Pública de la LXXII Legislatura, expusieron que el apresurado crecimiento de la deuda nacional de los gobiernos de los estados y los municipios se debe a situaciones de fondo estructural como son: La creciente dependencia de los recursos de origen federal aunado a la raquitismo de los ingresos que se obtienen de los impuestos propios, es decir, los locales; así como las restringidas atribuciones recaudatorias de los gobiernos estatales; la estrategia de gasto con déficit; la corrupción y la conclusión en los fondos públicos así como la ausencia de transparencia sobre la administración y ejecución del presupuesto, primordialmente en los ayuntamientos; de igual manera al desbarajuste económico y al deficiente régimen del patrimonio local. Para más información consulte la edición impresa de La Voz de Michoacán.
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