La ansiada Ley de Marchas y Plantones en el estado de Michoacán, la iniciativa de la Ley de Fiscalización, la autonomía de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y el Código Familiar de Michoacán, son los proyectos de decreto de ley que representan el “último estirón” para subirse al Pleno por la actual 72 Legislatura a 23 días de que concluya su periodo. Los coordinadores de los grupos parlamentarios reconocen que faltan varios ordenamientos para asentar las bases de heredar instituciones más sólidas al estado y marcos normativos que han sido ya demandados por la mayoría de los sectores de la sociedad. Tras aprobarse este sábado pasado la Ley del Notariado de Michoacán en la que se ponen candados para la entrega de los despachos fedatarios al próximo gobernador en turno y en que la se otorgarán por medio de concursos de oposición y no a discrecionalidad, los coordinadores consideran que aún faltan otros ordenamientos que permitirán garantizar una estabilidad social y gobernabilidad al estado; además de mejorar el tema de transparencia, fiscalización y de rendición de cuentas. Los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) manifestaron su interés de aprobar la Ley de Movilidad en el Estado de Michoacán y de Municipios, esta normativa coloquialmente se llama antimarchas y antiplantones, derivado de que existe ya una demanda de los empresarios, comerciantes, automovilistas y de la sociedad en general de que se terminen o regulen las marchas y plantones en el Centro Histórico y en vialidades de la capital del estado. Para más información, consulte la edición impresa de hoy.
La Voz de Michoacán
