Javier favela/La Voz de Michoaocán Morelia, Michoacán. Diputados locales instruyeron a la Auditoría Superior que fiscalice el gasto público del Congreso correspondiente al año 2018. La auditoría integral no solo abarcará el inventario de bienes del Congreso, sino también el parque vehicular, los inmuebles arrendados, los contratos laborales, los sueldos, prestaciones, gratificaciones, bonos, viáticos y gastos de representación. Cristina Portillo Ayala, vicecoordinadora parlamentaria de Morena, consiguió insertar al Congreso en el Plan anual de fiscalización de la Cuenta Pública estatal 2018 que presentó la Auditoría Superior, luego de negociar con el líder estatal del PAN, Oscar Escobar Ledesma, para sellar un acuerdo político durante la sesión. “No podemos ser ni omisos ni opacos. La transparencia se vive, se respira, se autoconstruye, se garantiza, se pone primero en cualquier listado; la rendición de cuentas también”, disertó en la tribuna, donde denunció resistencias para auditar al Poder Legislativo en forma integral, por primera vez en la historia estatal. El pleno camaral instruyó aplicar auditorías especiales al Colegio de Bachilleres, a la Secretaría del Migrante (en los rubros de Jornadas culturales y Casas-Michoacán en EUA), a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, al Instituto de Profesionalización Policial, a la Coordinación de Comunicación Social y al Telebachillerato. Asimismo, ordenó someter a fiscalización legislativa el gasto público de la Secretaría de Seguridad Pública ejercido en el 2018. La Comisión Inspectora de la Auditoría había descartado auditar al Congreso, pero Portillo Ayala apeló a sus homólogos para superar la renuencia. “¿Cómo podemos pedir que se fiscalice a los otros poderes si no cumplimos con las leyes que hemos comprometido cumplir? Hasta hoy yo no tengo el primer informe trimestral del gasto y tenemos derecho a conocerlo para poder aprobarlo”. Se espera que la auditoría integral aporte una radiografía global en torno a las partidas secretas que manejan discrecionalmente la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y la Comisión de Administración y Control. Portillo tranquilizó a los reacios: “No hay nada qué temer. El presupuesto del año pasado ya está ejercido y solo hay que comprobar si se gastó en lo proyectado”. La presidenta de la comisión de Gobernación y diputada integrante de la comisión Inspectora exclamó: “¡No podemos vivir la transparencia solo en el discurso, y reducir la transparencia a un mero capricho lingüístico, que habría que descifrar desde la semántica! Hoy se requiere auditar al Congreso para generar la confianza absoluta de los michoacanos, por quienes estamos aquí”. El petista Baltazar Gaona votó en contra de fiscalizar el Congreso y lamentó que ni los diputados tengan confianza en cómo se ejercen los dineros públicos. Planteó que Fermín Bernabé, el presidente de la Junta de Coordinación, debería ser el primero en denunciar actos de corrupción, por ser quien tiene información de primera mano. Javier Paredes Andrade, diputado de Movimiento Ciudadano, recriminó que sus compañeros diputados se sirvan con la cuchara grande del presupuesto del Congreso como quedó de manifiesto en el escándalo de los reembolsos de gastos personales. “Hay muchos diputados que tienen familiares trabajando, ya basificados en el Congreso, es decir, no podemos como diputados permitir que se utilice el cargo de diputado local para dejar herencias familiares”. Cabe agregar que el pleno del Congreso también instruyó aplicar una auditoría financiera a los servicios de salud en Michoacán. Se abstuvieron de votar los perredistas Tony Martínez, Antonio Soto y Octavio Ocampo, así la priista Adriana Hernández.
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