Durante los últimos 20 años, en Michoacán se han perdido 100mil hectáreas forestales debido a los cambios de uso de suelo que han provocado los agricultores, mismos que se encuentran en la ilegalidad y que es fecha que no existen sanciones ni clausuras de huertas por esta acción. Autoridades reconocen que el crimen organizado fue quien se apoderó de esta situación, orillando a que actualmente haya problemáticas en el tema, por lo que es necesario buscar, crear e implementar políticas para que se logre prevenir, evitar en lo posible y compensar el impacto que se está generando por cambio de uso de suelo. Durante el anuncio del Foro de Desarrollo Forestal Sustentable ante el Cambio de Uso de Suelo por el Cultivo de Aguacate, la directora de la Comisión Forestal (Cofom), Martha Josefina Rodríguez Casillas indicó que oficialmente aún no se entrega el inventario a la Comisión Nacional Forestal, pero en el trabajo que se ha realizado en los últimos cuatro años, y en datos preliminares, se define una superficie de 100 mil hectáreas que han tenido cambio de uso de suelo, de los cuales 45 mil son de aguacate y el resto de diversos cultivos. “Anteriormente se hacían cambios de uso de suelo, pero era de cultivo agrícola al aguacate, ahora lo estamos detectando del forestal al aguacate y también de aguacate a zarzamora (...), se ha venido incrementando de manera exagerada y sin ningún tipo de autorización, por eso es la necesidad de hacer el Foro donde estableceremos alguna política para delimitar la frontera agrícola”, adelantó. Por lo que precisó que esta problemática se enfoca en la región Purépecha, así como en Uruapan, Tancítaro, Peribán, Tacámbaro y en la región del Oriente; admite que no existen sanciones a quienes hacen estos cambios de uso de suelo. “No se tiene registro de autorizaciones para el cambio de uso de suelo por parte de los agrícolas (...), la Secretaría de Medio Ambiente otorga los permisos y la Procuraduría para la Protección del Ambiente se encarga de verificar, pero no ha habido un operativo para la regularización”. Aunque señaló que existen denuncias ciudadanas que están integradas ante la Procuraduría General de la República (PGR), se desconocen las resoluciones que se han dado, por lo que aclaró que el Estado no cuentan con las atribuciones para emitir sanciones a los agricultores que están violando las leyes del medio ambiente.
La Voz de Michoacán
