Arturo Molina/ La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Con base a la necesidad de evitar la malversación de fondos de recursos públicos en Michoacán y que casos como el del exsecretario de Finanzas, Luis Miranda Nava sigan surgiendo en la esfera pública, el Congreso del Estado trabaja en iniciativas de reforma y generación de leyes que permitan endurecer la pena al delito de peculado y otras prácticas de corrupción. En diciembre de 2014, cuando se aprobó el código Penal de Michoacán, se estableció que el delito de peculado ya no alcanzaría libertad bajo fianza y que todo aquel funcionario que incurriera en este crimen considerado grave por la 72 legislatura, sería sancionado con una pena de entre 2 y 12 años de prisión. No obstante, y bajo el argumento de no retroactividad de la ley, esta semana los michoacanos fueron testigos de cómo el ex secretario de Finanzas Luis Miranda Nava, salió de la cárcel en menos de 48 horas al pagar una fianza de 53 millones de pesos por el delito de peculado. El diputado priista integrante de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso Local y otrora alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, destacó que en el Sistema Estatal Anticorrupción ya se trabaja en la legislación de tres leyes nuevas y en la reforma de otras cuatro que buscan control y organización a las sanciones de todos los hechos delictivos relacionados al peculado. Considero que Michoacán tiene ya más de una década con graves problemas derivados de decisiones desafortunadas en la administración de los recursos públicos. Es muy claro en el histórico, como se detona la adquisición de deuda y malas decisiones para la entidad desde hace tres periodos antes al que está en ejercicio. Lamentable que existan este tipo de situaciones y habrá que dejar que el ejercicio de la justicia des pleno en el sentido de proveer de todo lo necesario para el análisis de este tema, a partir del debido proceso y la presunción de inocencia. Si el Problema es grave en la generación de recursos públicos y su manejo, como ya lo vimos, pues más grave que alguien además los malverse, señaló el legislador. De acuerdo con elementos que integran la Averiguación Previa, durante el periodo que comprende del 1 de marzo al 31 de agosto de 2012, Luis M. presuntamente efectuó pagos a dos proveedores por 26 millones 680 mil pesos; una vez que se llevaron a cabo las indagatorias, se detectó que no se cumplió con los servicios contratados. Con base a lo anterior, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, cumplimentó la orden de aprehensión en función a las carpetas de investigación por el delito de malversación de recursos públicos. Para más información consulte la edición impresa del 29 de octubre.
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