Maricruz Rios/ La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Representantes del movimiento Plan de Ayala Siglo XXI, que aglutina a cientos de organizaciones campesinas e indigenistas en todo el país, dijeron decirse de cierta forma traicionados por el accionar y las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo contrarias a una serie de acuerdos pactados de forma pública previo a su llegada a la Presidencia, sino que limitan de manera importante la capacidad productiva y el desarrollo rural en el estado. Carlos Ramos, presidente del movimiento ciudadano Plan de Ayala Siglo XXI, explicó este jueves en Morelia que retomarán y se unirán este lunes a las manifestaciones masivas de campesinos que iniciaron el pasado 17 de julio ante la negativa del Gobierno de la República de entablar un diálogo directo con el mandatario. También pedirán que se restituya al menos el 30 por ciento de lo recortado al campo para el presupuesto 2020. También puedes leer: Producción de berries, en crisis por agroquímicos que contaminan el suelo En este sentido, reiteró que existe una gran preocupación en el sector agrícola michoacano ante la importante reducción de recursos al agro, la falta de operatividad de los programas nacionales y de concurrencia, y el desmantelamiento de las instituciones federales que normalmente prestaban apoyo al campo y sectores vulnerables. Y es que, aseguró el líder campesino, de 75 mil millones de pesos presupuestados para el campo en 2018, esta cantidad se redujo hasta 52 mil millones de pesos para el presente año, pero en la práctica ha sido aún menor. Hacienda había reclamado que no le habían enviado el presupuesto, hay una bolsa en desarrollo rural de 25 mil millones de pesos que está congelada”, aseveró Carlos Ramos. En este orden de ideas, explicó que antes se contaba con una base presupuestal concurrente que daba alrededor de 4 mil millones de pesos anuales para todo el país y se recortó a 2 mil, “de tal manera que a Michoacán nos va a tocar la mitad de lo del año pasado y es cosa que aún no se liberan los recursos”. Criticó Carlos Ramos, que la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) federal no ha enviado el plan de negocios, tampoco los programas, ni las reglas de operación, entonces hay miles de productores, pequeños y medianos, que están parados ante esta problemática, sin visos de que el Gobierno Federal pretenda solucionarla ni de claridad sobre el tema. Expuso que la participación federal para el campo michoacano asciende a mil 200 millones de pesos “en la letra, pero en la práctica fueron 700 y se han operado 300”. El problema, recalca, es que aunque hubiera el presupuesto no habría el personal con el cual operarlo, porque los Cader (Centro de Atención para el Desarrollo Rural) no funcionan. Bajo este orden de ideas dijo que es preocupante la desmantelación de las instituciones que les daban apoyo, algo que de hecho va en contra de lo acordado y es más bien una medida neoliberalista. “Si vas a Sader te encuentras con el portero, porque el que está no está en funciones”. También puedes leer: Se prenden alertas por intoxicaciones con agroquímicos en Michoacán Otra de las graves molestias son los señalamientos públicos del presidente de tacharlos de forma casi generalizada de corruptos o de querer sacar partido de forma injusta. No todas las vacas son pintas ni todos en el campo hemos sido ladrones, debería haber una investigación más particularizada y no generalizar a que todo el sector, las organizaciones campesinas, nos hemos corrompido”. A pregunta expresa de sí sentían traicionados, Carlos Ramos recordó que el movimiento que representa firmó un acuerdo en Zacatecas, el Plan de Ayala Siglo XXI, en abril pasado. El dicho pacto el ahora presidente se comprometió a que su gobierno traería de vuelta los precios de garantía a los granos y que Diconsa no distribuirá únicamente granos en todo el país, también los adquirirá directamente a las organizaciones ejidales de México. Para nosotros fue una sorpresa que el memorándum primero fuera decir que todas las organizaciones éramos ‘chafas’, vemos una contradicción, por no decir otra cosa, muy fuerte entre lo que convenimos antes de que llegara a la Presidencia y los resultados que estamos teniendo ahorita”. López Obrador se negó este jueves a recibir a las organizaciones campesinas y las tildó de extorsionistas; el viernes volvió a arremeter contra ellas en su conferencia mañanera. A la fecha, los precios de garantía que prometió no se han establecido más para que una franja muy pequeña de productores y Diconsa no está adquiriendo los granos como había quedado. El problema es que en estados como Michoacán, donde dejó fuera de cualquier tipo de apoyo a todo el estrato de medianos productores, carecen de infraestructura para almacenarlo. Un ejemplo es aquí en Michoacán, donde no tenemos las suficientes bodegas para guardar los granos y en ese sentido los productores son presa aún de los ‘coyotes’, que son quienes las bodegas y en ese sentido guardar los granos un tiempo para después especular con los precios”, concluyó el líder campesino.
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