El Universal / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que no suspenda los servicios de salud a las víctimas del incendio de la guardería ABC, así como a sus familiares, pues las observaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no justifican que deje de cumplir con sus obligaciones institucionales. En el incendio del 2009, en Hermosillo, Sonora, fallecieron 49 niños y 106 tuvieron heridas. Esto en una guardería dónde los niños afectados tenían entre cinco meses y cinco años de edad. La critica que siguió al incendio calló principalmente sobre Altagracia Gómez del Campo Tonella, quien era familiar de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. Hace tres días el titular del IMSS, Germán Martínez Cázares, se quejó ante la CNDH por un ejercicio de fiscalización realizado por la ASF y en el cual, aseguró el funcionario, se ordenaba que la institución de salud deje de brindar atención a las víctimas del incendio de la guardería ABC y sus familiares. Sin embargo, el día de hoy la CNDH respondió que "el hecho de que una instancia de supervisión y auditoría interna ejerza sus facultades de fiscalización en ese Instituto no justifica o deriva en que se incumplan obligaciones institucionales o que, bajo el argumento de una posible violación de derechos fundamentales, se pretenda inhibir o dejar sin efecto el ejercicio de tales facultades, así como las consecuencias derivadas de las mismas". La Comisión Nacional recordó que la auditoría 254 de la Cuenta Pública 2017 detectó que el Seguro Social compró medicamentos por un precio de 889 mil 600 pesos, un costo superior a lo que cuestan en el mercado. Sin embargo, afirmó la CNDH, eso no implica que el instituto de salud deje de brindar atención médica a ninguna persona. Las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación no determinan la suspensión de los apoyos institucionales pues lo que se plantea es fortalecer los procesos institucionales de contratación hacia el futuro, además de investigar y, eventualmente, sancionar las irregularidades que se hubiesen presentado", explicó la CNDH. Por lo cual, la dependencia protectora de derechos humanos también dijo que "no corresponde a este Organismo Nacional, conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, brindar orientación a entes públicos sobre adquisiciones", precisó.
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