Francisco Javier Torres/ La Voz de Michoacán. Luego de 12 años de rechazo, México aceptó la norma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evitar a toda costa que los niños sean captados por grupos criminales y utilizados para su beneficio; en este protocolo se establecen obligaciones de las autoridades para poner en marcha todas las medidas posibles para impedir que niños sean reclutados o utilizados por grupos armados. Esta medida obliga al estado a establecer legislaciones especiales para lograr el objetivo, según explicó el director de Participación Ciudadana en Michoacán, Felipe Campos: “eso implica que el estado se comprometió con normas internacionales a dotar garantías suficientes para impedir que niños de familias en condiciones precarias sean vulnerables a la fácil contratación, por lo que se deben doblar los esfuerzos e inversiones”, explicó el representante. El protocolo internacional prohíbe el reclutamiento de menores en fuerzas armadas como lo pueden ser grupos paramilitares, grupos de delincuencia organizada, compañías de seguridad, e incluso alcanza también a ejércitos regulares, salvo que se integren al sistema de educación militar. Tal medida está plasmada en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño en conflictos armados, decretado el 25 de mayo de 2000, donde se reafirma que los niños requieren de una protección especial, y que para ello es necesario seguir procurando que éstos se desarrollen y sean educados en condiciones de paz y seguridad; considerando además los efectos perniciosos que tienen para los niños los conflictos armados, y por sus consecuencias a largo plazo para la paz, la seguridad y el desarrollo duradero. Pese a que el protocolo data del año 2000, México se encontraba en situación de reserva aludiendo a que el Estado Mexicano no tenía responsabilidad por los actos que pudieran realizar grupos armados ilícitos o paramilitares; agregando además que México no se encuentra involucrado en conflicto armado alguno, y las obligaciones militares son para aquellos que han cumplido a plenitud los 18 años. Pero el pasado 7 de febrero el Senado de la República determinó retirar esta objeción interpretativa, ya que México cumple con las principales obligaciones que el Protocolo asigna a sus adherentes para evitar el enrolamiento de los menores de 18 años de edad en fuerzas irregulares, y tipificar esta acción como un delito. En lo local, Felipe Campos, director de Participación Ciudadana del gobierno del Estado, explicó que esta determinación obliga al Gobierno del Estado a que exista una congruencia del discurso del estado para la protección de los derechos humanos, en particular de los niños, así como la efectiva adopción de las medidas internacionales. “Esta medida reconoce el protocolo México debió adoptar desde que se le propuso, y ahora que lo retomó se debe vigilar que no sea una medida gramatical, cuando se dan mayores garantías de seguridad a los ciudadanos, los Tratados Internacionales están incluso por encima de los acuerdos estatales, y este tipo de medida se debe de asumir, independientemente de que se viva o no en situaciones de conflicto, incluso se debe tomar como preventivo”, explicó Felipe Campos.
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