Raúl Castellano Al diablo con las instituciones, es una expresión que hace tiempo utilizó López Obrador, para significar la inutilidad de ellas. Ahora, ha sido Peña Nieto, quien ha pasado del dicho al hecho, mostrando lo poco que le importan a él, que debiera ser el primero en defenderlas, fortalecerlas y guiarse por ellas. Al haberse cargado a las instituciones han desaparecido al Estado mismo, que no es sino un conjunto armónico de instituciones que aglutinan a la sociedad. Solo han quedado estructuras de poder que obedecen a un interés partidario y por tanto ilegítimo, donde no está presente el conjunto de los mexicanos. Hoy día, no hay procurador de la República; no hay fiscal para delitos electorales; no hay fiscal anti-corrupción; no hay ley orgánica de la Fiscalía General. Todas estas áreas son campos desolados. Y es que de manera intempestiva y sin explicación alguna, un empleado de Raúl Cervantes, sin tener facultades para ello, cesó al Fiscal para Delitos Electorales, Santiago Nieto, aduciendo que había violado el Código de Conducta de la PGR, sin explicar siquiera en que había consistido la supuesta violación y transgrediendo el principio jurídico del “debido proceso” y, por supuesto, la “presunción de inocencia”. Dado que fue el Senado quien nombró al Fiscal, ¿qué diablos hizo un empleado de segunda, cesando al Fiscal? La verdadera razón de la salida de Santiago Nieto es que él se ha caracterizado por ser uno de los pocos funcionarios honestos y que, siendo un jurista, aplicaba siempre la ley en todas sus decisiones. Su pecado, si así le pudiéramos llamar, es que cumplió con su deber y tenía que decidir sobre 57 denuncias contra el partido en el poder, el PRI, lo cual entrañaba un gran peligro para este partido. El gobierno sólo acepta funcionarios dispuestos a humillarse e inclinar la cerviz, y que acaten sus instrucciones, por más torcidas que pudieran ser; quieren gente dispuesta a llegar hasta la ignominia. Santiago Nieto es una persona que no cabe en esta norma vergonzosa. Pero la cuestión explotó cuando a Emilio Lozoya se le comenzó a involucrar con la empresa Odebrecht, misma que confesó haber repartido dinero en varios países de Latinoamérica, entre ellas México, y señaló que había entregado 15 millones de dólares a Lozoya, para la campaña de Peña Nieto. Entonces, Lozoya se dirige a Santiago Nieto, a quien le exige que lo exonerara, que se disculpara y que le diera un trato preferencial o protección política. Que Lozoya recibió en dinero para la campaña es algo manifiesto, y se llevó a cabo mediante una triangulación del dinero, realizada por el propio Lozoya, a cuentas de Suiza, Islas Caimán y Brasil. Entonces, la conclusión es que Peña Nieto ganó la presidencia con dinero sucio. Naturalmente que Santiago Nieto se negó a hacer lo que Lozoya le exigía, siguiendo la conducta que le ha caracterizado como profesional y como funcionario. Este fue, en realidad su único error. El error del Fiscal fue haber fiscalizado. ¿Y que con el Código de Conducta que dicen que violó? Bueno, el único código que pudo haber violado es el del silencio, código al que están obligados a respetar todos los delincuentes, los mafiosos y los corruptos. Un Fiscal está obligado a denunciar las violaciones a la ley, y ver que el transgresor sea llevado a proceso. Esa era su obligación, ese era su deber. Se dijo que los Derechos Humanos de Lozoya habían sido violados, olvidándose que esos mismos derechos son los del interés público, que son los mismos derechos de todos los ciudadanos. Se le atribuyó también, que violó el debido proceso, ignorando que el fin último de del sistema de justicia penal electoral es precisamente impedir que operen los delincuentes del voto y que se afecten los derechos políticos de los ciudadanos, al tiempo que se da seguridad jurídica, que constituye otro principio constitucional. Todo esto se pone en peligro con la remoción ilegal del Fiscal, particularmente cuando podemos decir que ya ha empezado el proceso electoral. Hace muy poco, Peña se refirió, molesto, a la corrupción, preguntándose por qué a todos los problemas, la gente le echa la culpa a la corrupción. Pues esto es consecuencia de que en este régimen la corrupción ha permeado todos los niveles, en todas las instancias, y de que, a pesar de que la corrupción no sea causa de todos nuestros males, siempre está presente. Y la gente piensa, ¿a quién se trata de engañar, cuando los escándalos por la corrupción ocurren a diario y en los más altos niveles del Gobierno Federal?. Por otro lado, es cierto que se abren socavones en muchos lugares, pero el caso del socavón llamado “Gerardo Ruíz Esparza”, del paso “exprés” de Cuernavaca, es un caso innegable, obvio y flagrante de corrupción. Está claro que les hubiera gustado que el Fiscal Nieto hubiera tapado el asunto del financiamiento ilegal para la campaña de Peña, pero no lo hizo. Esto, Presidente Peña, es otro caso de corrupción que se añade a la larga lista de los que han cometido; pero este es más grave, pues le toca directamente a usted. Al cesar al Fiscal convirtieron este asunto en uno de los más escandalosos de su sexenio, y mucho peor, mucho más grave, pues esto ocurre a la vuelta del inicio del 2018, año electoral. Ahora que, ¿van a nombrar un “Fiscal Carnal”, o un “Fiscal a Modo”, como se pretendió con Cervantes, para que les dé una manita para el 2018?. Los actos del sub-procurador fueron sin duda, violatorios del principio de presunción de inocencia del titular de la FEPADE, y debe iniciarse una investigación y ser sancionado. Habría que ver se esa sanción sería penal o administrativa, o ambas. Y que pasa con su cédula profesional ¿la tiene o no? Porque si no la tuviera, incurriría en una responsabilidad y todos sus actos serían nulos. Todo esto es muy grave y una vergüenza que vamos a lamentar.
La Voz de Michoacán
