María Guadalupe Gonzáles Valadez El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, prioriza de alguna manera el bienestar de niñas, niños y adolescentes, visibiliza la urgencia de que cada uno de ellos y sus familias accedan a una ruta de programas, bienes y servicios integrales que garanticen sus derechos y fomenten su desarrollo pleno en todas las etapas de la infancia, agrupando 100 compromisos de gobierno y se contempla así, la creación de una República de y para los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hoy en día seguimos observando la infancia perdida, a través de propia la pérdida de la inocencia que afecta a los niños, así como las experiencias traumáticas que los afectan, porque se encuentran atrapados en situaciones de violencia, pobreza, abandono. Nashieli Ramírez Hernández, destaca la necesidad de abordar el problema y proponer políticas públicas que les brinden un mejor futuro. Según el INEGI en su dato Pobreza Multidimensional 2016-2014, el 38.7% de las personas de 0 a 17 años en el país, vivían en situación de pobreza durante 2024, esto implica que 14 millones de niñas niños y adolescentes no ejercían al menos uno de los seis derechos sociales: educación, alimentación, vivienda, servicios básicos, seguridad social y salud, lo que implica que no obstante los esfuerzos que indica el Plan Nacional, seguimos fallando en otorgar los instrumentos necesarios para que sean adultos plenos, en un sistema de protección integral que necesitan. El impacto psicológico que implica la infancia perdida, se da con la amnesia infantil, un fenómeno común que lo adapta para que su cerebro se acostumbre a condiciones emocionales difíciles, entendido como bloqueo emocional. Otro de los impactos de la infancia perdida que es la violencia, establece que es necesario voltear la cara a ver el problema, tomando como base, según el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública entre enero y noviembre del 2025 se registraron 1,991, niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio, de los cuales 565 fueron cometidos con armas de fuego, en tanto que, en el delito de feminicidio, se registraron 58 casos. La infancia no puede ser olvidada, por el contrario, debemos reconocer que, en México, existen infancias desaparecidas, contabilizando 10,707, de los cuales 2,856 siguen en calidad de desaparecidos. Alarmante es que aún y con estrategias que establece el Plan Nacional de Desarrollo, las desigualdades quitan oportunidades y posibilitan la discriminación en niñas, niños y adolescentes, informando La Red de los Derechos del Niño en México, REDIMIN, el día 6 de enero del 2026, frente al Palacio Nacional, acompañados de varios niños, estableció que el 84.8 por ciento de la niñez indígena vive en situación de pobreza, comparable a población no indígena que suma el 38.8 por ciento, por su parte el trabajo infantil suma un incremento de 37 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan en México, lo que representa un aumento de más de 400 mil menores desde 2019. Impredecible es reconocer que de no trabajar de manera gubernamental y transversalmente en políticas más efectivas para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, lejos estaríamos de cumplir con el objetivo principal de desarrollo futuro de nuestro País, es importante considerar que los trabajos y esfuerzos podían abonar en un futuro en México. Partiendo de contextos de paz en los que estos deben vivir en donde se les den oportunidades y se cumpla con los derechos humanos de las infancias: Desigualdad y No Discriminación; Interés Superior; Derecho a la Vida; Supervivencia y Desarrollo; en el cual su opinión debe tomarse en cuenta en cualquiera de los casos en los que esté involucrado, lo cual implica de manera seria, que cualquier tema que trate de niñas, niños y adolescentes, debe basarse en políticas públicas desarrolladas por personal especializado de conformidad con lo que establecen la Convención Sobre los Derechos del Niño, La Constitución Política de los Estados Unidos de México y la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes. Debemos tener prevención enfocada en la infancia que tome como base las diferentes infancias y adolescencias, considerando los diferentes enfoques de la seguridad pública, la privación de sus datos y el respeto total a su integridad y dignidad humana, un pendiente del Estado con este grupo social, totalmente vulnerable.
La Voz de Michoacán
