Javier Favela/ La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la facultad constitucional de suspender o restringir garantías individuales en los municipios “más calientes” de Michoacán para hacer frente a la grave perturbación de la paz pública que provoca la delincuencia organizada y que pone en peligro grave a la sociedad, planteó Fermín Bernabé Bahena, exlíder parlamentario de Morena, al deplorar la emboscada criminal en El Aguaje, municipio de Aguililla, con saldo de 13 policías muertos y 9 uniformados heridos. Al asumir que “no todo Michoacán está ardiendo”, el diputado izquierdista se pronunció por suspender garantías individuales, con estricto apego al artículo 29 de la Constitución mexicana, focalizando a algunas localidades y municipios con alarmante número de ejecutados, de descuartizados, de familias desplazadas, enfrentamientos armados y masacre de policías bajo circunstancias en las cuales los civiles pacíficos pagan los platos rotos. El presidente de la República es el único que puede suspender garantías individuales por un tiempo limitado y en un territorio limitado, con aprobación del Congreso de la Unión, apuntó Bernabé Bahena, quien explicó que la restricción constitucional excepcional permitiría enviar a un equipo muy especial para hacer operativos quirúrgicos y desarmes generalizados, así como inspecciones a domicilios, huertas y predios, acompañados de toques de queda. Bajo la protección de los derechos humanos y los avisos de las policías infiltradas, actualmente los delincuentes caminan por las calles sin ser molestados, con el amparo bajo el brazo, paseándose con dinero, estupefacientes y con armas prohibidas y de uso exclusivo del Ejército, describió el diputado local de Morena. Bernabé Bahena reconoció que se está dejando morir sola a la policía municipal (“vulnerados, infiltrados y disminuidos en capacidad, técnica, adiestramiento y condición ‘Suspender ga física”) frente a grupos delictivos dotados de armamento sofisticado. Te puede interesar: Aguililla hoy: El llanto de una madre, restos de vehículos incendiados y balas, comercios cerrados, silencio… El morenista expuso la necesidad de cambiar la estrategia para bajar los altos índices delictivos, una que involucre a la sociedad, conpFsiderando que el vecino sabe donde operan los criminales, cómo se mueven y a qué hora salen por la noche, pero desconfía de las policías estatales y municipales infiltrados por la delincuencia. Aceptó que la recién creada Guardia Nacional hace lo que puede, coordinándose con los estados y respetando derechos humanos. Y reconoció que van muy lentos los programas sociales de la Federación para atacar las causas estructurales de la delincuencia. Repudio unánime Con una policía debilitada y descoordinada, Michoacán está a merced del crimen organizado, sentenció Javier Estrada Cárdenas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, al deplorar la emboscada criminal en El Aguaje, municipio de Aguililla. Al exigir coordinación entre los 3 niveles de gobierno, el también líder parlamentario del PAN evidenció lo endeble que se encuentra la seguridad brindada por el Gobierno del Estado. “Los que deben brindar protección no son capaces ni de protegerse a sí mismos”. A su vez, Juan Bernardo Corona Martínez, dirigente estatal del PRD y exsecretario estatal de Seguridad Pública, apremió una intervención decidida de la Federación para cerrarle el paso a los que buscan dañar y desestabilizar a Michoacán. Demandó no dejar solo al Estado y a los Municipios en el combate a la delincuencia organizada. En tanto, Teresa López Hernández, lideresa parlamentaria de Morena, reconoció que “estas noticias se ven todos los días”, y llamó a ir más allá del reparto de culpas por firmar o no convenios de colaboración en materia de seguridad. Por su parte, Marko Cortés, dirigente nacional de Acción Nacional, sostuvo que la emboscada en Aguililla deriva de la tregua de facto concedida por el Gobierno de la República a la delincuencia organizada, al decidir no combatirla, no perseguirla y no incautarla. Brenda Fraga Gutiérrez, lideresa parlamentaria del Partido del Trabajo, dejó en claro que los alcaldes tienen una gran responsabilidad frente al problema de la seguridad pública, pero varios se mantienen al margen. Insistió en la petición dirigida al gobernador Silvano Aureoles para que el Consejo Estatal de Seguridad Pública sesione en forma emergente y permanente, como lo planteó desde el incidente de los colgados en los puentes de Uruapan. Te puede interesar: Aguililla, la tierra del «Mencho», que ha sobrevivido entre la violencia Habló de descoordinación, lagunas informativas y de falta de una estrategia efectiva para desarticular grupos criminales. En tanto, Javier Paredes, diputado que fue electo bajo las siglas de Movimiento Ciudadano en la entidad, exhibió que los policías son enviados a diario al matadero sin brindárseles las garantías mínimas. Exigió eliminar “palabrerías ridículas, infantiles y grotescas” que pronuncia el presidente López Obrador en las mañaneras para eludir estrategias de seguridad con resultados inmediatos. Consideró que el estado de Michoacán se encuentra en guerra, con calles bañadas en sangre y con centenares de familias de luto. Vivimos en un estado en guerra –manifestó- con decenas de muertos al día, con ejecutados, colgados, decapitados y descuartizados, con asaltos, balaceras, secuestros, extorsiones y violaciones. Paredes se pronunció por una investigación puntual para deslindar a los altos mandos policiacos bajo señalamientos en narcomantas de participar como colaboradores de la delincuencia organizada. Te puede interesar: Habrían emboscado a policías en Aguililla para proteger a la esposa de «El Mencho» Contrastó que los policías de a pie mueren sin seguridad alguna, mientras que los altos mandos viven rodeados de escoltas y resguardados en sus oficinas. En su opinión, los verdaderos policías cobran salarios excesivamente precarios y sin gozar de seguridad social, sin dotárseles de uniformes, botas, armamento y chalecos antibalas, moviéndose en vehículos inservibles. Por separado, el perredista Humberto González Villagómez, presidente de la comisión legislativa de seguridad pública, urgió a la Federación priorizar el combate al crimen organizado para frenar la ola de violencia delictiva, y demandó una investigación a fondo en torno a la masacre perpetrada en Aguililla. Y el líder parlamentario del PRI, Eduardo Orihuela Estefan, resaltó que la caravana vehicular con 42 elementos policiales en total iba a ejecutar un mandato judicial para llevar a una mujer y a su hijo hacia Morelia.
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