Más de 20 exfuncionarios, dueños de fortunas opulentas de origen irregular, quedaron automáticamente absueltos de imputaciones penales y fueron excarcelados en Michoacán, de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría de Justicia del Estado, luego de que el Congreso del Estado se compadeciera de los acusados y eliminara el delito penal de enriquecimiento ilícito. En los últimos 160 días el Poder Judicial dio carpetazo a todas las consignaciones del Ministerio Público en contra de los nuevos ricos de la administración pública, cuyos ostentosos trenes de vida dejaban entrever que mercadearon con el cargo y que esquilmaron el erario. El diputado Sebastián Naranjo Blanco reconoció: la eliminación temporal de esa figura delictiva “sirvió de pretexto para dejar absueltos a acusados y ayudar a exfuncionarios a salir de la cárcel”. El pasado martes 11 de agosto los diputados locales rectificaron el error de diciembre y volvieron a introducir el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Hasta hoy la impunidad sigue vigente en las regiones judiciales de Uruapan, Morelia y Zitácuaro, pues la reforma no ha sido publicada en el Periódico Oficial para que el correctivo entre en vigor. Cabe referir que el nuevo Código Penal del Estado, de 316 artículos, tiene su origen en un anteproyecto elaborado por el despacho de un exsubprocurador de la PGR, Miguel Ontiveros Alonso, quien cobró muy buenos honorarios por sus servicios profesionales. Siete diputados se limitaron a limar las aristas que resultaban peligrosas para la clase política michoacana, antes de firmar el dictamen, cuya exposición de motivos fue pulida por un staff de 20 asesores. La diputada Talía Vázquez Alatorre, presidente de la comisión legislativa de justicia, justificó que el tipo penal de enriquecimiento “se sacó” del Código porque “el virrey Castillo amenazaba a todo mundo con meterlo a la cárcel, tan solo diciendo que determinados funcionarios robaron y se enriquecieron. Primero los agarraba y luego averiguaba, dejando la carga de la prueba al inculpado”. La desaparición del delito de enriquecimiento ilícito “fue un error de la mesa técnica –se desmarcó el diputado Olivio López con sus dos maestrías- pero esta Legislatura ya rectificó el camino”. Los asesores del Congreso aconsejaron eliminar el ilícito penal, en vez de redactarlo nuevamente para corregir una tipificación deficiente, imprecisa e inexacta, según deslindaron varios diputados, cuyas fichas curriculares reflejan deficiencias formativas para dictaminar en temas de seguridad y justicia. César Morales, metido en grillas para disputar el liderazgo estatal del PVEM, acreditó cursos de nulidades electorales y talleres sobre precampañas. La panista María Eugenia Méndez estudió diplomados en programación neurolingüística para tratar fobias, depresiones y trastornos de aprendizaje. Bertín Cornejo es ingeniero, del grupo político de Ascensión Orihuela. Sebastián Naranjo culminó una exitosa carrera municipalista luego de recorrer la oficialía mayor, la secretaría del ayuntamiento, la sindicatura y la alcaldía de Peribán. Cristina Portillo alternó sus estudios de Licenciatura de Derecho con sus haberes y deberes. A Selene Vázquez también le correspondió dictaminar el Código y posteriormente heredó la curul a su hermana Talía, quien amenaza con destapar cloacas y exhibir moches de sus compañeros en su próximo Informe. Uriel López Paredes y Bertín Cornejo fueron quienes presentaron las iniciativas para corregir la pifia legislativa del 17 de diciembre de 2014 que entró en vigor el 7 de marzo del 2015. El pleno del Congreso ya reintrodujo el tipo penal en votación unánime con una nueva redacción del delito “para garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso”. Todos los diputados localizables dijeron desconocer qué ex funcionarios salieron beneficiados con la aplicación retroactiva del articulado del nuevo Código Penal, en aquello que les favorece. El año pasado, el alcalde de Charapan, Simón Vicente Pacheco, fue acusado de enriquecimiento ilícito pero inmediatamente quedó libre bajo las reservas de ley; Desiderio Camacho enfrentó formal prisión, también por el mismo delito. Al ex titular de SCOP “le sumaron todas las propiedades de los hijos, hasta los carros viejos y un bote de pesca”, refirió Cristina Portillo, quien comentó no tener información sobre la actual situación jurídica del ex funcionario. “Al inculpado lo obligaban a demostrar su inocencia, dejándole la carga de la prueba y no siempre es posible tener a la mano los documentos de las propiedades de toda la familia ampliada: el carro del sobrino, la casa de la tía”, argumentó a su vez Talía Vázquez, sin identificar expresamente algún caso concreto. Para más información consulta la edición impresa de La Voz de Michoacán, de este lunes.
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