Jorge Manzo/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Los michoacanos que estén inconformes con pagar cada bimestre el Derecho por Alumbrado Público (DAP) pueden interponer un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, toda vez que es ilegal ese cobro, oficializó el presidente Sergio Mecino Mendoza, tras destacar que aunque pueden llegar a tardar hasta 8 meses en los alegatos para desvanecer las inconformidades, en la mayoría de los casos el fallo que se emite beneficia a los ciudadanos y no a los ayuntamientos. En exclusiva para los lectores de La Voz de Michoacán, el presidente del órgano jurisdiccional afirmó que resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación van en el sentido de la ilegalidad del cobro del DAP que se aplica en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad y que depende de la región en donde se encuentren. “Nosotros como Tribunal somos competentes para conocer de la materia”, dijo el magistrado, al descartar que esto desencadene en sanciones o castigos para los gobiernos locales, quienes siguen imponiendo cuotas. Mecino Mendoza reprochó que los ayuntamientos siguen cobrando por el DAP debido a que están conscientes de que la ciudadanía no conoce plenamente que hay ilegalidad en el impuesto, pero adelantó que a través de la Defensoría Jurídica gratuita que ellos ofrecen, pueden ayudarles a los usuarios para que interpongan recursos legales, aunque se pueden prolongar hasta 8 meses. Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro son las regiones en donde más amparados se han registrado, aunque también se debe a que ya cuentan con oficinas ahí. Incluso, hay gobiernos municipales que en sus portales de Internet tienen un apartado en donde se puede consultar el adeudo en la materia, y se puede imprimir el formato para el pago, aunque hay también la opción del cobro mediante el recibo de luz. La tarifa varía dependiendo del lugar geográfico. Hay zonas en donde el costo oscila en los 80 pesos, pero puede llegar hasta los 200 pesos, o más. Se supondría que los gobiernos locales tendrían que destinar ese recurso para obras de electrificación, pero no está etiquetado. Aterrizan resoluciones de la Corte “Ya se ha pronunciado en diversos momentos la Suprema Corte de la ilegalidad del cobro del Derecho por Alumbrado Público. En este caso, también es competente el Tribunal de Justicia Administrativa de conocer estos asuntos, por lo que pidió que de manera particular con un abogado para que realice la demanda y lleve el juicio, o bien, puede acudir a la defensoría que presta la institución”, reiteró Mecino Mendoza. La administración que encabezó Alfonso Martínez Alcázar intentó imponer un aumento del 10 por ciento en el pago del DAP dentro de la Ley de Ingresos de este año, pero el gobierno de Raúl Morón lo modificó y lo redujo a un 5 por ciento. En este sentido, el alcalde Raúl Morón Orozco explicó hace unas semanas que en el caso del Derecho por Alumbrado Público se canalizarían los recursos para un proyecto de electrificación que ya se puso en marcha y que requerirá de más de 300 millones de pesos. Mecino Mendoza aclaró que en cualquier momento del año se puede interponer el recurso legal, y no es necesario que se deba realizar al principio. El impuesto es propuesto por los ayuntamientos, y el Congreso de Michoacán es el encargado de dar el visto bueno mediante la aprobación de las leyes de ingresos. Legislaturas anteriores se han comprometido a echarlo abajo, sin embargo, todo ha quedado en debates políticos que no han prosperado. El magistrado especializado aclaró que si bien ya se han interpuso amparos y han obtenido fallos satisfactorios para los afectados, no aplican de manera generalizada, es decir, cada ciudadano debe acudir a combatir este impuesto. Hasta el momento, no se tiene una cantidad exacta de los amparos que se han interpuesto ante el órgano jurisdiccional, quienes analizan la legalidad o no del cobro. Despachos se ofrecen para amparos En este sentido, despachos legales se han pronunciado al respecto e incluso, han ofrecido asesoría para las personas que quieran ampararse en contra del cobro y han hecho una guía fácil para que los usuarios puedan salvarse de desembolsarlo. Esto lo hacen, debido a que aún es prematuro que entre la sociedad conozcan de lo “inconstitucional” del impuesto que se ha establecido de manera fija. Desde hace años comenzaron la lucha legal distintos abogados y despachos con el fin de sensibilizar a los diputados locales de que no se autorizara el impuesto, sin embargo, han justificado que no puede derogarse puesto que este recurso que entra a las arcas permite que se desarrollen obras de electrificación en los municipios. De manera concreta en Morelia se tienen casi 66 mil luminarias, pero 23 mil están apagadas. Hace unos días, el gobierno municipal puso en marcha el programa de iluminación que contempla la instalación de 66 mil luminarias en 167 colonias y que requerirán de una inversión de 310 millones de pesos. Los trabajos se harán en tres etapas, notificó el gobierno municipal. La licitación que se llevó a cabo para seleccionar a la empresa que se encargará de iluminar a la capital del estado cumplió con todas las fases que estableció la convocatoria, por lo que el alcalde Raúl Morón Orozco descartó cualquier indicio de corrupción. El gobierno anterior intentó un plan similar, pero que significaba un endeudamiento que debía ser aprobado por el Congreso de Michoacán, mediante la fórmula de asociación público privada. Esa iniciativa no prosperó, pese a que el entonces alcalde Alfonso Martínez prometió que no significaría deuda. Ahora, el edil Morón ha anunciado que la sustitución de luminarias correrá a cargo de recursos de las arcas municipales.
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