En el estado de Michoacán es necesario contar con un marco jurídico para revisar y regular los albergues, tanto casas hogar, anexos e internados; que el Gobierno del Estado tenga la facultad de verificar y sancionar en caso de irregularidad, señaló la diputada local Daniela de los Santos Torres. Explicó que si bien se ha trabajado arduamente en la declaración de principios y derechos de niñas, niños y adolescentes, y de adultos mayores, faltan procedimientos claros para llevarlos a buen fin, entendiendo que el problema radica particularmente en la supervisión y vigilancia por parte de la autoridad. En relación a la iniciativa de Ley para Garantizar el Bienestar de los Usuarios de Servicios de Rehabilitación, Albergue, Internamiento, Asistencia Social o Privada del Estado, presentada recientemente por la legisladora Rosa María Molina Rojas, De los Santos Torres confió en que dada la necesidad de la regulación de estas instituciones, pueda ser aprobada este mismo año por el Pleno del Congreso. Con base en la exposición de motivos, explicó que a raíz de los sucesos en el albergue La Gran Familia de Zamora, así como por el registro de quejas por violaciones a los derechos humanos de internos y albergados, se elaboró la iniciativa de Ley, en la que se plantea que sea la Secretaría de Gobierno la dependencia que coordine las acciones. Se contempla la participación del Sistema DIF, de las Secretarías de Educación, de Salud, la Junta de Asistencia Privada y la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Protección Civil. De acuerdo a la propuesta legislativa, la Secretaría de Gobierno deberá celebrar convenios de colaboración con las autoridades municipales, a fin de hacer efectivas cada una de las medidas y previsiones que se señalan en la ley, así como en las Normas Oficiales Mexicanas en la materia, como son la NOM-031-SSA3-2012 y NOM-032-SSA3-2010, por lo que toca a la asistencia a personas adultas y adultas mayores, en el primer caso, y a niñas, niños y adolescentes, en el segundo. En la propuesta -que contó con el respaldo de diputados del PRI, PAN, PRD, de la Representación Parlamentaria, del PVEM así como de Nueva Alianza- se plantea que las administraciones municipales deberán, a su vez, emitir la reglamentación correspondiente, “con auxilio y opinión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”. Cabe señalar que la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, dispone actualmente que es atribución del DIF recibir quejas, denuncias e informes de violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, denunciando ante las autoridades competentes cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso físico, emocional, sexual, abandono, descuido, negligencia, trata o cualquier otra forma de explotación; así como vigilar y supervisar que las instituciones y los hogares provisionales presten el cuidado y atención adecuada a niñas, niños y adolescentes, respetando sus derechos, de conformidad con la ley de la materia.
La Voz de Michoacán
