El Gobierno del Estado y el Congreso de Michoacán no se presentaron y mucho menos ofrecieron pruebas en la recepción de alegatos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la demanda de inconstitucionalidad promovida por el Ayuntamiento de Churintzio. En el desahogo de las prueba citado para este martes por la mañana, tanto el representante legal del Gobierno del Estado como el mismo del Poder Legislativo no se presentaron para presentar sus posturas en torno al juicio que se sigue por la violación de las garantías constitucionales que argumenta el municipio son violados con la Reforma Educativa. Ahora será la Sala Superior de la SCJN la que tendrá entre un plazo de 30 a 60 días para dar un veredicto final que en caso de ser favorable a Churintzio echaría abajo la Reforma Educativa y sus implicaciones de recaer en materia administrativa y financiera en los municipios el apoyo hacia las escuelas del nivel básico. Acompañado por centenares de integrantes de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el edil de dicho municipio Juan Luis Contreras presentó las pruebas y argumentos legales que, según lo expuso, contravienen los principios básicos de la Constitución de brindar una educación gratuita no sólo a los michoacanos sino a toda la población en general. El edil perredista, acompañado por el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Torres Piña, argumentó que las violaciones de la Reforma impulsada por legisladores de todas las fuerzas políticas y la misma que fue avalada en Michoacán de manera exprés por diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) carecen del consenso de los Ayuntamientos para llevarse a cabo.
La Voz de Michoacán
