Morelia, Mich.- Inhibir y corregir las malas prácticas gubernamentales regresará a la sociedad cierta confianza en los políticos, y sobre todo, garantizará ante ella que no habrá impunidad ni tratos tibios a los servidores públicos durante un proceso penal, enfatizó el diputado Marco Trejo Pureco. En tribuna, el legislador del PRI aseveró que la ley debe ser más estricta con ellos, no discriminatoria, no inequitativa, simplemente justa y adecuada ante la postura y la envergadura de ser servidor público. Trejo Pureco se reservó el artículo 253 del dictamen con proyecto de decreto del Código Penal para el Estado de Michoacán, mediante el cual planteó ante el Pleno de la LXXII Legislatura que la pena al delito de peculado se aumente como mínimo a seis años y como máximo a catorce años de prisión. Esto, con la clara intención de que el servidor público que cometa peculado no alcance, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, un acuerdo reparatorio ni tampoco una suspensión condicional. El integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional señaló que combatir la corrupción, y sobre todo la impunidad, son tareas necesarias para recomponer el tejido social, las acciones tomadas desde el gobierno, además de ser apegadas a derecho, deben ser limpias, transparentes y responsables. Además, Trejo Pureco propuso la modificación de este artículo para no dejar ninguna laguna que pueda en determinado momento, intervenir y dificultar la labor y la responsabilidad del juez, ya que este Código, en su artículo 76, le da la facultad al juez de sustituir la pena de prisión por una multa y trabajo a favor de la comunidad cuando la pena de prisión no exceda de 4 años y tratamiento en libertad o semilibertad cuando la misma no exceda de 5 años. Sin embargo, para quienes no la avalaron, señaló que queda presente a la opinión pública la falta de voluntad en apoyar un mayor castigo para los servidores públicos, que desafortunadamente en la última década, ha quedado con una imagen muy denigrada y negativa. Los lineamientos legales deben adaptarse a las circunstancias actuales de Michoacán, es momento de legar las herramientas que permitan al estado un desarrollo pleno, una prosperidad tangible y una clase política ejemplar que actúe apegada a derecho, de manera transparente y eficiente. “Debemos aprender de los errores del pasado, y poner en marcha lo necesario para superarlos y evitar que vuelvan a suceder”. De acuerdo a lo que establece el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se expide el Nuevo Código Penal para el Estado de Michoacán que fue aprobado este martes, “se impondrá de dos a doce años de prisión y de doscientos a mil quinientos días multa, a quien teniendo la calidad de servidor público ilegalmente: I. Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su encargo; o, II. Utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo 246 de este Código, con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, de su superior jerárquico o de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.
La Voz de Michoacán
