Sergio Lemus / La Voz de Michoacán (imagen Armando Solís) Morelia, Mich., 23 de septiembre.- Después de ocho años de vigencia, el titular del Poder Ejecutivo de Michoacán, Jesús Reyna García, propone una iniciativa para crear una nueva Ley de Hacienda en el Estado. Dicha propuesta de ley se presentó ante el Congreso del Estado dentro del paquete económico para el ejercicio 2014. En esta iniciativa de ley se busca reglamentar el registro y control de vehículos, para lo cual, deberá establecer y mantener actualizado el “Registro Estatal Vehicular” para su integración a la “Red Nacional del Sistema Automatizado del Registro Público Vehicular”. De acuerdo a la iniciativa de la Ley de Ingresos para el siguiente año, se propone el cobro de 111 pesos por expedición de la constancia de registro vehicular Estatal. Finanzas se encargará del Repuve en Michoacán De acuerdo con el artículo 68 de la iniciativa de la Ley mencionada expone que será la Secretaría de Finanzas y Administración, quien, llevará el registro y control de vehículos, para lo cual deberá establecer y mantener actualizado el “Registro Estatal Vehicular”, realizando las siguientes actividades: Efectuar los trámites de altas, bajas, cambios y rectificaciones que procedan en el registro, conforme a las reglas generales que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP). Cabe señalar que el 6 de septiembre del presente, el gobernador del Estado envió al Congreso de Michoacán una iniciativa de reforma con la intención de armonizar la ley estatal con la federal sobre el tema del Registro Público Vehicular con la intención de tener un padrón real y verídico de los dueños y de los vehículos automotores para reducir el número de automóviles robados y sustraídos con placas del estado. El Gobierno de Michoacán realizará actos de verificación y comprobación a fin de mantener actualizado el “Registro Estatal Vehicular”, conforme a los lineamientos y normatividad correspondientes. La Secretaría de Finanzas y Administración diseñará y emitirá los formatos para control vehicular, que deberán contener como mínimo los requisitos que al efecto señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la normatividad correspondiente. El Poder Ejecutivo estatal proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a cualquier dependencia o entidad estatal o federal, de conformidad con las normatividad correspondiente, la información actualizada de los registros efectuados en el “Registro Estatal Vehicular”, en la forma y términos de la normatividad respectiva. Independientemente de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no lo establezca en la normativa correspondiente, los propietarios de vehículos solicitarán la baja de las placas anteriores y dotación de nuevas, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la denuncia ante la autoridad competente, por la pérdida de una o ambas placas, por robo o destrucción total del vehículo; por cambio de servicio y por restricción de circulación en otra entidad federativa. Desde el 28 de diciembre del 2005 de su publicación de la actual Ley de Hacienda del Estado de Michoacán, no se proponía una nueva legislación ante las nuevas condiciones de recaudación de la Federación y del Estado. A partir del 2014 entraría en vigor la nueva norma De aprobarse la iniciativa de ley propuesta por el actual gobierno estatal, esta entraría en vigor a partir del 1 de enero del 2014. Y la actual ley de abrogaría. El Poder Ejecutivo de Michoacán expone que Ley de Hacienda del Estado de Michoacán constituye el marco legal sustantivo que regula la obligación tributaria de los ciudadanos, sin embargo, dichas normas hacendarias, precisan de una actualización como consecuencia de los cambios que se han venido requiriendo a partir de la expedición del Decreto mediante el cual se aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por parte del Honorable Congreso de la Unión, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 2008. Se armonizarán sistemas de contabilidad Dicho ordenamiento, conforme al cual se establece la necesaria coordinación de los tres niveles de gobierno para que armonicen sus sistemas de contabilidad, a través de la implementación de una técnica de registro sistemático de las operaciones que realizan las Dependencias y entidades de la Administración Pública, los Poderes y los Órganos Autónomos, según establece la iniciativa.
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