Luego de que el Gobierno del Estado, a través del nuevo secretario de Finanzas y Administración, Miguel López Miranda, anunciara que en breve dará inicio al pago de los adeudos que sostiene con proveedores y constructores, Sergio Benítez Suárez, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), demandó al Ejecutivo del Estado dar seriedad a sus compromisos toda vez que en repetidas ocasiones se han realizado este tipo de anuncios sin que se concreten, pese a la difícil situación de los sectores directamente afectados como el caso de los ayuntamientos y constructores. El integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda en el Congreso del Estado hizo un llamado a que la dependencia encargada del manejo de las finanzas públicas realmente dé prioridad a saldar los adeudos que datan desde 2011 con los constructores -tanto independientes como los aglutinados en el Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)- quienes han sorteado serias dificultades para sacar a flote a sus empresas frente a un déficit generado por las autoridades de cerca de 450 millones de pesos. El legislador uruapense enfatizó que el Gobierno del Estado está obligado a cumplir lo argumentado frente al Congreso del Estado cuando buscaba la modificación del Decreto 22, en donde el pago a proveedores y constructores fue la principal justificación y con lo que se urgió a los integrantes de la LXXII Legislatura a aceptar dicha petición. Sin embargo, la exigencia del gremio de contratistas por la falta de respuesta ha ido en aumento a tal punto que de continuar el incumplimiento han anunciado que interpondrán una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán por la rescisión de contratos desde las dependencias ejecutoras de obra por incumplimiento en los tiempos de entrega, es decir, por incumplimiento de contrato por parte del Gobierno del Estado. Benítez Suárez indicó que esta situación es reprochable a las autoridades toda vez que tanto en el caso de los constructores como en el de los 55 ayuntamientos -a quienes se les adeudan alrededor de 260 millones de pesos desde 2012- ha faltado comprensión, formalidad y responsabilidad en sus compromisos, lo que ha afectado de manera directa la calidad de vida de los michoacanos y ha generado un menoscabo importante a la ya fuertemente lastimada economía del estado.
La Voz de Michoacán
