Arturo Molina/ La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. En un hecho sin precedentes, fue devuelto un automóvil de un particular que fue detenido por las autoridades de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra) y taxistas de Michoacán bajo la acusación de prestar el servicio de UBER. Lo anterior se logró gracias a que un juez estatal decretó una suspensión provisional a la retención de la unidad particular, por lo que el automóvil fue devuelto sin que se tuviera que cubrir la multa de más de 12 mil pesos. Este mandato no significa que quienes se amparen puedan operar como UBER o cualquier otra plataforma de éste género en nuestro estado; no obstante, las primeras 150 unidades detenidas durante los últimos 4 meses cuya relación a la prestación del servicio de transporte público no pudo ser comprobada por los inspectores podrán presentar este recurso y recuperar el monto de las multas pagadas. Con base a lo anterior, Antonio Lagunas Vázquez, director de la COCOTRA ha advertido que de ninguna manera se ha autorizado que las plataformas digitales de transporte puedan operar, por lo que continuarán con los operativos para identificar, detener y resguardar unidades que presten estos servicios. Efectivamente el juez concedió la suspensión a un vehículo que fue detenido y que argumenta que no andaba trabajando y que supuestamente se le hizo una infracción indebida. El mismo amparo especifica que no puedan trabajar si no tienen la concesión, no pueden hacer el servicio, no es un amparo para que puedan trabajar, le están dando un manejo erróneo a ese resolutivo”, precisó. Ganan primer amparo Luego de días de trámites de litigio y largos gestiones burocráticas finalmente fue devuelta la unidad al propietario, quien denunció ante la Voz de Michoacán que fue privado de la libertad ilegalmente por los transportistas y por las autoridades estatales, por lo que además procederá a levantar una acusación penal en contra de quienes resulten responsables. El ciudadano afectado cuyo nombre omitió por efectos legales comentó para esta casa editorial. Te apagan el coche en movimiento, le quitan llaves, celular en calidad y lo detienen hasta que llega el inspector de COCOTRA, una vez que llegó COCOTRA te retienen por esa supuesta justificación. Promovimos un amparo y lo ganamos, vamos a seguir con el proceso pero al parecer salió bien, después de dos días y tedioso burocracia por fin lo tenemos. Ellos no tenían el precedente de esto y nos traían de una oficina a otra y no nos querían atender, se presionó bajo los términos del amparo que nos atendieron después de más de 4 horas de estar aquí”, explicó. Incluso, la resolución del Juzgado Sétimo de Distrito con fecha de 18 de enero de 2018, mandata de conformidad al artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo de que en caso de que las autoridades responsables “en caso de no rendir un informe justificado o lo hagan o lo hagan sin acatar las directrices que fueron acatadas con anterioridad se harán acreedoras a una multa individual por siete mil trescientos cuatro pesos en moneda nacional, equivalente a Cien unidades de Medida y Actualización UMA, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que se ostentan y emolumentos que por esa causa reciben”. Con malos tratos por parte de los encargados del Corralón Federal y las “trabas” puestas durante el trámite de recuperación ante la COCOTRA, el doctor en derecho y abogado defensor Jorge Álvarez Banderas señaló las inconsistencias que guardan las detenciones de ciudadanos acusados de pertenecer a UBER. Destacó que esta situación animará a que otros particulares que sean señalados por los taxistas y la autoridad administrativa de ser UBER podrán ampararse y recuperar sus unidades. Al día de hoy se tienen 4 amparos más en espera de que se otorgue la suspensión provisional y posteriormente la definitiva. Aun buscan se acumulen los juicios al Juzgado Séptimo de Distrito para que los casos puedan llevar la misma ruta legal en favor de los ciudadanos afectados con las infracciones. También se tiene una negativa de suspensión sobre la cual el equipo de abogados integrado por Jorge Álvarez Banderas y Gilberto Pedraza ya han interpuesto un recurso queja en materia administrativa que pueda revocar la negativa.
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