Héctor Jiménez/ La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Después de que en los últimos meses, tanto en el Centro Histórico como en algunas colonias de Morelia, han proliferado establecimientos que suman hasta decenas de máquinas de apuestas estilo “tragamonedas”, autoridades municipales anunciaron que iniciarán un operativo para clausurar los sitios de este tipo que operen de manera ilegal y que puedan enfrentar sanciones de tipo federal. En los últimos años, y especialmente desde finales de 2018, se ha observado a simple vista en las calles de Morelia un aumento de establecimientos que cuentan con una fachada de comercios de productos diversos, pero que en su interior albergan hasta decenas de estas máquinas tragamonedas. Los establecimientos pueden encontrarse incluso en calles del Centro Histórico, a sólo cuadras de la catedral metropolitana, además de que, de acuerdo con reportes, en algunos de estos lugares se aprecia la presencia de personas consumiendo bebidas alcohólicas o sustancias ilegales. En este contexto, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arroniz Reyes, señaló que no contaban con reportes oficiales de esta situación, pero se prevé iniciar operativos para clausurar los sitios fuera norma y que pueden estar sujetos a sanciones de tipo federal. Te puede interesar: Tragamonedas se «comen» el Centro Histórico de Morelia Para que ellos vuelvan a abrir tienen que firmar un convenio para que corrijan la razón por la que se les clausuró, no nada más que paguen, sino que deben firmar un convenio y entonces ya pueden abrir. En estos casos puede que no sean su giro principal, que digan que es una boutique, pero de manera ilegal tienen una maquinita tragamonedas hasta con niños”, dijo el funcionario. “Para que puedan abrir tendríamos que firmar ese convenio con la autoridad federal o estatal competente. Se tendría que levantar eso y establecer la multa que le ponemos y supongo que también debe haber una multa federal, nuestra multa más alta sería por el orden de 8 mil pesos”. Sujeto a ley federal La base legal que restringe este tipo de establecimientos es la Ley de Juegos y Sorteos, que en sus artículos 1 y 2 dice que: “Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas”, y “sólo podrán permitirse el juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes”. Además, en sus artículos 9 y 10 la citada ley también establece que: “Ningún lugar en que se practiquen juegos con apuestas o se efectúen sorteos, podrá establecerse cerca de escuelas o centros de trabajo”, y “todas las autoridades federales, las locales y la fuerza pública cooperarán con la Secretaría de Gobernación para hacer cumplir las determinaciones que ésta dicte de acuerdo con esta ley”. Te puede interesar: Se incendia bodega con varias máquinas “tragamonedas” Finalmente, también indica que “quedan prohibidas las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades”, en tanto que “se entiende por máquina tragamonedas todo dispositivo a través del cual el usuario, sujeto a la destreza, realiza una apuesta, mediante la inserción de dinero, ficha, dispositivo electrónico o cualquier objeto de pago, con la finalidad de obtener un premio no determinado de antemano”. Operan como locales de ‘esparcimiento’ En el seguimiento de este tema, a finales de 2018, instancias municipales informaron a La Voz de Michoacán que, aun cuando se encuentren a simple vista, el asunto de los establecimientos con máquinas tragamonedas compete al nivel de gobierno federal. También confirmaron que algunos de estos establecimientos operan con una “Licencia blanca. Sin costo. Juegos de esparcimiento y de video”. Adicionalmente, se señaló que “las máquinas de apuestas son de índole de carácter federal, las regula y expide los permisos la Secretaría de Gobernación”, por lo cual las instancias municipales pueden enfrentar dificultades para confiscar los aparatos y podrían requerir de una autorización o mandato de parte de la Secretaria de Gobernación.
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