Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- Ningún municipio de Michoacán tiene el modelo completo de justicia cívica e itinerante, evidenció el ombudsperson Marco Tinoco, quien recriminó la omisión del 75 por ciento de los alcaldes del estado por informar cómo están solucionando los conflictos comunitarios y previniendo la escalada de violencia. Ningún municipio michoacano está a tono con la reforma constitucional en materia de justicia cívica e itinerante, señaló el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), al emitir la Recomendación General 01/2025 para construir una cultura de paz y generar conciencia de responsabilidad social. Tinoco Álvarez puntualizó que sólo los municipios de Zitácuaro y Tarímbaro tienen la normatividad más cercana de lo que debe ser la justicia cívica, pero les faltan protocolos de prevención integral. Acotó que Morelia tiene un modelo de justicia cívica, pero no cuenta con normatividad publicada en el Periódico Oficial del Estado para que el ciudadano sepa a qué atenerse si infringe las reglas. El de Morelia “es un modelo prendido con alfileres, que solo existen en la cabeza de alguien, pero sin asidero normativo”. Señaló que ningún municipio tienen un modelo homologado de justicia itinerante que salga de los escritorios con enfoque preventivo y restaurativo, y que vaya a las tenencias, rancherías y poblados, donde haya mayor incidencia de conductas ilícitas. Los alcaldes no pueden asumir que tienen un gran modelo de justicia cívica si únicamente lo implementan en la cabecera municipal. Explicó que “el modelo homologado de justicia cívica, buen gobierno y cultura de legalidad para los municipios de México” no solo es sanción y barandilla. Es un modelo de faltas administrativas, no de delitos penales, que se desarrolla en 4 etapas: prevención, determinación de la conducta, sanción y ejecución de la sanción. Agregó que hasta 65 por ciento de los municipios omiten información sobre la operación de sus Barandillas. En Michoacán hay alrededor de 113 y más de la mitad, además no no brindar datos, no cuentan con cámara de vigilancia, médicos, personal especializado, ni registros de detenidos. Tinoco Álvarez anunció que la CEDH está otorgando un plazo razonable (“dos o tres meses”) para que los ayuntamientos emitan el reglamento municipal de justicia cívica e itinerante, así como los protocolos y manuales correspondientes. Reconoció que lo más complicado es conseguir recursos financieros para aprovisionar este nuevo modelo homologado: capacitar policías, facilitadores, peritos y jueces cívicos, así como mejorar infraestructura, desarrollar tecnología y operar programas de sensibilización ciudadana con el fin de prevenir y erradicar conductas antisociales. El ombudsperson estatal informó que ha instruido a los visitadores de la CEDH para que establezcan grandes mesas de trabajo con los alcaldes con el fin de explicarles los alcances de la recomendación ayer difundida para que los municipios se pongan a la vanguardia. Insistió que la recomendación general 01/2025 busca generar todo un aparato preventivo, no de castigo, en materia de justicia cívica e itinerante en los municipios michoacanos. Cuestionó el esquema centrado en la gran parafernalia de las cámaras de vigilancia y en la comparecencia de ciudadanos a las salas de oralidad concentradas en las cabeceras municipales. “Lo primero que debe hacer la autoridad es sopesar su actividad preventiva. ¿Por qué no un sistema electrónico de cierre de bares en el horario permitido, en vez de poner alcoholímetros en bares que funcionan hasta las 5 de la mañana? (…) Aforos y horarios no están en la norma”.
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