Conflicto entre comuneros agudiza incendios forestales en Uruapan

Arturo Molina / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Conflictos entre comunidades avivan las llamas de los incendios forestales. A pesar de los esfuerzos institucionales, de voluntarios, municipio y activistas, los incendios en Uruapan se siguen expandiendo por conflictos entre comunidades indígenas que desde hace al menos un mes y medio siguen cobrando hectáreas completas.

El Cerro de San Francisco y el Cerro de la Alberca, en dicha demarcación, ha sido seriamente afectados por incendios que, según denuncias de activistas cercanos, son provocados por comuneros que se disputan la tenencia de la tierra, el aprovechamiento maderable y la extracción de recursos naturales.

Este fin de semana, el incendio en el Cerro de la Alberca se convirtió en una de las conflagraciones de mayor relevancia a nivel nacional por la hectárea afectada durante las primeras horas del incendio. Medios nacionales destacaron el conflicto entre comunidades como el principal factor.

Según información de autoridades locales, al tratarse de una zona federal, se estaba atendiendo por parte de las brigadas y autoridades de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con el uso de aeronaves con helibaldes, para controlar el fuego que hasta el cierre de esta edición sigue activo.

No es el único. Hace no más de 10 días trascendió el incendio en el Cerro de San Francisco, donde desde mediados de marzo comuneros denunciaron conatos de enfrentamientos y hasta agresiones con comuneros de Capacuaro, comunidad indígena ubicada en el mismo municipio de Uruapan.

Hay denuncias de hechos. Fue en incendios recientes que se han percatado de hasta 12 camionetas con decenas de personas que han entrado al Cerro de San Francisco, provocado incendios y huido como parte de una estrategia. En la denuncia presentada por ejidatarios de esta región se señala directamente a los comuneros de Capacuaro como los responsables de tales delitos contra el medioambiente.

“Al llegar físicamente al lugar del incendio referido en el hecho que antecede, nos percatamos de la magnitud del mismo, el cual tenía una dimensión aproximadamente de 4 hectáreas, incendio que a todas luces se apreciaba que había sido provocado. En ese momento nos cercioramos de la presencia de aproximadamente 10 a 12 camionetas tipo doble rodado, que iban en estampida de huida, siendo aproximadamente 35 personas del sexo masculino de la población de Capacuaro”; explica la denuncia.

Advierten la presencia de cambio ilegal de uso de suelo para la instalación de huertas de aguacate. La denuncia presentada ante autoridades judiciales estatales en donde hasta la fecha, no se han dado a conocer consecuencias legales hacia personajes de la comunidad de Capacuaro que han sido plenamente identificados y señalados por tener antecedentes similares en cuanto a los delitos ambientales.

“Siempre están haciendo daño a nuestros bosques y parcelas de nuestra representada comunidad indígena Barrio de San Francisco, Uruapan, para venderlos como huertas de aguacate. Nos percatamos de que las parcelas las estaba midiendo y poniendo estacas para delimitarlas y nos manifestó que no podríamos entrar a los predios el Potrero Grande, El Socavón y El Panteón porque él los iba a utilizar o que nos atuviéramos a las consecuencias, y como siempre anda en estado etílico, decidimos mejor retirarnos ya que en ese momento nos sacó de nuestros propios terrenos, por lo que procedimos a ir a nuestras oficinas y dar aviso a las autoridades correspondientes”, reza la denuncia.

La tasa de incendios sigue al alza. Sólo en cuestión de tres semanas la cifra pasó de mil hectáreas a 5 mil consumidas, en donde se destacan incendios en activo en Uruapan, en el Cerro de la Alberca, en Tacámbaro, La Huacana. Hidalgo y Chilchota, donde son en total 6 incendios en activo y 2 controlados.

El caso de Uruapan, es sólo uno de los puntos en donde los conflictos entre comunidades siguen afectando al medioambiente. Hasta el momento no se ha dado a conocer la intermediación de autoridades ambientales para contener tanto el conflicto entre comunidades por la tenencia de la tierra como el daño ambiental.