José Luis Ceja / La Voz de Michoacán Jiquilpan, Michoacán. Ante la inexistencia de un tarifario oficial, los usuarios de servicio de auto de alquiler en este municipio deben pagar de acuerdo al criterio del operador, de acuerdo con Manuel Ceja Ruiz comunicador de esta región. Señaló el comunicador que recién la semana pasada hubo de trasladarse a las instalaciones de la Universidad de la Ciénega en los límites con la ciudad de Sahuayo. “El taxista me cobró 50 pesos, pero al otro día volví a ir y me cobraban de 70 a 150 pesos por el mismo traslado”. De acuerdo al usuario, la disparidad de las tarifas se debe al hecho de que las unidades son operadas ya por los propietarios o los trabajadores del volante. “Los trabajadores dicen que ellos tienen que entregar una cuota diaria al dueño del carro y los dueños son los que pueden cobrar más barato pero la verdad es que no hay una lista que diga cuáles son las tarifas”. Consultados sobre este tema, los líderes de las cuatro organizaciones de taxi que operan en la ciudad señalaron que no había necesidad de publicar este tarifario ya que las tarifas estaban reguladas por la Comisión Coordinadora de Transporte del Estado; sin embargo este hecho ha sido una queja constante entre los usuarios de estos servicios de transporte toda vez que, coinciden, lo ideal sería que antes de abordar la unidad el usuario supiera de manera precisa cuál será el importe de la tarifa. “El problema es que, a veces, sales de tu casa con el dinero medido para traslados, comidas y otras cosas, entonces el hecho de que te cambien las tarifas de un momento a otro pues ya te descontrola los gastos”, señaló Ceja Ruiz, quien destacó que este tema se agrava cuando se trata de traslados foráneos, asunto que queda sujeto a la ley de la oferta y la demanda entre los usuarios y los transportistas. En las cuatro organizaciones de transporte de taxi en esta ciudad se agrupan al menos 200 unidades que brinda trabajo a casi medio millar de familias de este municipio que dependen de manera íntegra de los recursos que generan estas unidades por lo que desde hace tiempo que las tarifas que se cobran fuera del circuito periférico están sujetas al criterio de los propietarios y los trabajadores del volante. Es ante esto que se ha solicitado ya por parte de actores sociales y civiles una labor de reordenamiento de servicio de transporte de alquiler de manera integral, esto es, desde tarifas, unidades, espacios de estacionamiento, bases e, incluso, una revisión puntual a los operadores de estas unidades; en tanto, bajo el argumento de que se trata de organizaciones laborales no gubernamentales, tanto los líderes como los operadores de estos servicios destacan la inviabilidad de que la sociedad civil pueda influir en los procesos de revisión que son facultad de la Comisión Coordinadora de Transporte (COCOTRA) principalmente, destacaron, se trata de concesiones otorgadas por el gobierno del Estado, esto es, no se tratan de un bien de carácter público. “Es una concesión que tenemos para explotar una actividad específica pero en ningún momento dice que la ciudadanía puede decir dónde podemos estacionarnos o cuánto cobrar; eso le compete a las autoridades”. Finalmente las autoridades de tránsito y movilidad de este municipio han destacado que en cuanto las condiciones de salud lo permitan se dará paso al reordenamiento que se tenía proyectado en materia de transporte público.
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