Habilitan en Jiquilpan oficina municipal para tramitar la legalización de carros extranjeros

La legalización será en 3 fases: ingresar a los vehículos al sistema del Registro Único Vehicular, el proceso de legalización y el emplacamiento

Foto, José Luis Ceja

José Luis Ceja / La Voz de Michoacán

Jiquilpan, Michoacán. Será a través de la Dirección de Atención al Migrante en cada uno de los municipios que se realizará la primera de las fases de legalización de vehículos de procedencia extranjera en Michoacán, de acuerdo con lo señalado por la titular de esta dependencia local, Guadalupe Rivas García.

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“La legalización de los vehículos consta de tres fases: la primera es ingresar a los vehículos al sistema del Registro Único Vehicular, después viene el proceso de legalización y finalmente el emplacamiento”, explicó.

Para la primera fase de este proceso, el solicitante deberá presentar la documentación personal y del vehículo ante las dependencias municipales para registrar la unidad y recibir una calcomanía que señala que el automotor está en proceso de regularización. Este trámite tiene un costo de 992 pesos y, para ello, deberá extender una carta poder a nombre del titular de la dependencia para realizar las gestiones ante el gobierno del estado.

Entre los documentos que deberá presentar se encuentran el acta notariada o pedimento aduanal que certifique la propiedad del vehículo, comprobante de domicilio, identificación oficial, como credencial para votar, cartilla militar o pasaporte en original y copia. “Hay que firmar un poder en el que me dan el derecho de poder hacer el trámite en representación del solicitante”. Este documento, aclaró, se trata de un formato preestablecido que otorga a las direcciones municipales la Secretaría del Migrante del estado. La documentación podrá presentarse de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes en las instalaciones de la dependencia ubicadas en Palacio Municipal. “El programa no tiene un periodo de cierre y permanecerá abierto”.

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Además de las dependencias municipales de Atención al Migrante, en fechas recientes el gobierno de la entidad anunció trabajos de colaboración para este tema en particular con diversas organizaciones campesinas. De acuerdo con la información emitida por el gobierno de Michoacán, “a través de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), hizo una alianza con cinco organizaciones campesinas para la regularización de vehículos de procedencia extranjera con el objetivo de facilitar su estancia legal en el país y darles certeza jurídica”.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró la voluntad de las organizaciones y destacó que esta alianza forma parte de la estrategia marcada desde el gobierno federal para legalizar los vehículos extranjeros que están en México y cuyos propietarios son propensos a revisiones policiales y diversos problemas cuando circulan en el territorio nacional.

El listado dado a conocer por las autoridades de esta entidad señala la alianza gubernamental con Isaí Soberano Reyes, de la Unión Democrática Campesina de Michoacán; Mario Cruz Andrade, de Unión Democrática de Ocampo; Carlos Villegas García, de la Unión Democrática de Michoacán; Máximo Chávez Rosas, de Nueva Alianza del Campo por la Esperanza de México (NACE), y Mario García Rodríguez, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

En ese sentido, Jesús González Ayala, presidente de la Unión Democrática Campesina de Michoacán AC, lamentó que su organización quedara excluida de esta alianza con el gobierno de la entidad. “Tenemos más de 30 años en esto, sabemos cómo se hace y tenemos la gente, no entiendo por qué nos dejaron fuera”.

El activista agregó que en cuanto a experiencia y capacidad de organización para estos trámites su organización se encuentra por encima de las del listado estatal: “Tenemos nuevos gobernantes y a lo mejor la gente que está a su alrededor no sabe bien a bien cuáles son las organizaciones que sabemos hacer las cosas”.

Lamentó que en esta ocasión se deje fuera a su organización, toda vez que con esta acción se deja en la incertidumbre a cerca de 16 mil propietarios de este tipo de vehículos. “Durante muchos años nos han visto hacer nuestro trabajo y saben que somos confiables porque somos de aquí; ahora están apareciendo oficinas por donde sea y hacemos un llamado al gobierno del estado a que revise estas oficinas porque si de otra forma no tendremos tranquilidad porque las extorsiones de los cuerpos de seguridad van a seguir y va a ser un cuento de nunca acabar”.