Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Sólo 35 municipios michoacanos cumplieron con sus obligaciones ambientales y de desarrollo urbano. A pesar de la insistencia de autoridades y especialistas estatales, los proyectos de desarrollo territorial y urbano brillaron por su ausencia en dos terceras partes de Michoacán. Tras reconocer que el cambio ilegal de uso de suelo es el principal problema ambiental de Michoacán, autoridades locales señalaron que a pesar de la insistencia, sólo una treintena desarrollaron dicho estudio. El objetivo es claro: que cada demarcación cuente con un documento en donde se contemplen espacios aptos para el desarrollo urbano, comercial, industrial y de explotación de recursos, mientras que se definan áreas en las que se protejan zonas de recarga de mantos freáticos y se definan espacios forestales de reserva. Desde 2018, autoridades ambientales de Michoacán advirtieron con multas de hasta 4 millones de pesos a las administraciones municipales que no cumplieran con sus obligaciones en cuanto al desarrollo de los estudios. A pesar de lo anterior, hasta le fecha no se ha dado a conocer a la opinión pública sobre sanción alguna a los ayuntamientos. Si bien se advierte que más de un 30 por ciento de los municipios cumplió en algún momento, la aplicación y actualización de los propios esquemas de desarrollo también se ha visto comprometida con el paso de las administraciones municipales y los relevos recientes. La falta de cumplimiento de los distritos michoacanos en el desarrollo de sus propios planes de ordenamiento territorial y ecológico han forjado la necesidad de que se manejen de manera regional con el apoyo del gobierno del estado. Desde la Sierra Costa y otras zonas del estado han desarrollado esquemas de coordinación para estudiar el uso de los suelos y los recursos naturales. El objetivo es que estos programas de ordenamiento sean tomados como herramientas por parte de los ayuntamientos para que cumplan con sus obligaciones. A decir la Semaccdet, la importancia que representa este instrumento es que es un mecanismo preventivo de protección al medio ambiente y de los recursos naturales, establecer una planeación adecuada respecto a la vocación de la tierra, inducir el uso del suelo y las actividades productivas de mayor aptitud, identifica en el municipio sitios para aprovechamiento, conservación, protección o restauración; ayuda a frenar el deterioro ambiental, apoya para reducir los riesgos de desastres al ubicar los asentamientos humanos en zonas adecuadas. Asimismo, facilita a las diferentes instancias de apoyo y fuentes de financiamiento definir el tipo de proyectos y los sitios donde se puede implementar cada uno de ellos. Ciudades como Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan han presentado crecimiento urbano, industrial y de aprovechamiento agropecuario desfasados de la protección ambiental y de toda regulación. En el caso de la capital del estado, se estima que creció a un ritmo de 12 por ciento en las últimas décadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que implicó un crecimiento en los desarrollos urbanos por el orden de las 3 mil hectáreas, principalmente sobre tierras de cultivo, lo que dejó afectaciones a las zonas de bosques y áreas de recarga de mantos acuíferos. El vertiginoso aumento de la población desregulado y falto de atención por parte de las administraciones municipales de las últimas décadas trajo consigo la afectación a las zonas de recarga, que se ha manifestado ya y generado escasez en cuanto al abastecimiento del agua del millón de habitantes de esta urbe. Han sido constantes en este municipio el desarrollo sin permiso de empresas constructoras de fraccionamientos y desarrollos habitacionales, así como los 300 asentamientos irregulares que se encuentran incluso sobre zonas de peligro. En lo que respecta a Lázaro Cárdenas, la falta de ordenamiento territorial ha sido devastadora para los ecosistemas. Según reportes de especialistas de la zona, ya se han perdido grandes extensiones de manglares y reservas ecológicas. El desarrollo portuario, habitacional y turístico desfasado de programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano, han generado la pérdida del 60 por ciento de la superficie de sitio RAMSAR del municipio.
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