Por daños en infraestructura, temen riesgo de inundación en Ciénega de Chapala

José Luis Ceja / La Voz de Michoacán

Venustiano Carranza, Michoacán. La próxima temporada de lluvias pudiera incrementar el riesgo de inundaciones en los municipios de Venustiano Carranza, Jiquilpan, Villamar y Sahuayo debido al debilitamiento que presenta el Borde de Maltaraña, además de que la falta de funcionamiento de la estación de bombeo Huaracha II dificultará el desahogo de los excedentes pluviales y aguas residuales al Lago de Chapala, señaló Gabriel Montes Ayala, presidente del Frente Cívico La Palma AC.

El Borde de Maltaraña fue una edificación realizada por empresarios jaliscienses durante la última década del Porfiriato para la desecación y aprovechamiento de más de 48 mil hectáreas de tierras de labranza en el territorio michoacano, el borde o muro de contención conocido también como Paso de Cuesta por el apellido del empresario Manuel Cuesta Gallardo, inició en las cercanías de la Hacienda de Maltaraña y culminó en la tenencia de La Palma, y fue construido a base de tierra apisonada, piedras y costalera de arena hasta por cinco metros sobre el nivel del lago, infraestructura rústica que al pasar los años se ha visto afectada debido a que en las tierras desecadas se han establecido cultivos y para acceder a ellos los productores agrícolas han disminuido la consistencia de este muro para crear accesos vehiculares.

De acuerdo con Montes Ayala, esto pone en riesgo la integridad de la edificación ya que crea una especie de vertederos que de darse un temporal de lluvias atípico podrían convertirse en desfogues de inundación para las partes bajas de los cuatro municipios en los que durante años anteriores se han registrado ya inundaciones en extensas zonas de cultivo y zonas habitadas.

“Hemos realizado revisiones a lo largo de este borde y detectamos ya cuáles son las áreas de riesgo y los puntos que deben ser reforzados; ya de hecho en una ocasión Lázaro Cárdenas llevó a cabo un reforzamiento con piedra, pero los agricultores volvieron a hacer caminos para bajar del borde a las zonas de labranza”.

Desmantelan posibilidad de apoyo

Entre 2013 y el 2014 el gobierno federal destinó una inversión inicial de 20 millones de pesos para la rehabilitación de las estaciones de bombeo Huaracha I y II instaladas durante el sexenio de José López Portillo, con la intención de evitar las recurrentes inundaciones de los municipios de Jiquilpan, Sahuayo, Venustiano Carranza y Villamar, además de las poco más de tres mil hectáreas de asignación federal en los ejidos La Palma, San Pedro y La Magdalena; en su momento, se señaló que la rehabilitación recibiría una segunda inversión de 30 millones de pesos adicionales además de dos plantas generadoras de energía para atención de siniestros por parte de la Comisión Nacional del Agua.

La segunda parte de la inversión jamás fue realizada y en lo que respecta a los 20 millones iniciales, pese a que éstos se aplicaron las estaciones de bombeo no pudieron mantenerse en operación debido a que la inversión inicial no contemplaba los contratos con la Comisión Federal de Electricidad para la dotación de suministro eléctrico; de hecho, de acuerdo con el Módulo de Riego La Palma AC, la Comisión Federal de Electricidad solicitó a la organización agrícola una fianza de 5 millones de pesos para poder firmar el contrato de prestación de servicios.

Pese a que la Comisión Nacional del Agua consignó al Módulo de Riego La Palma dos plantas móviles generadoras de energía eléctrica el problema es que éstas pueden ser desplazadas por la dependencia a cualquier parte del país en que se requieran, además de que durante la rehabilitación de estas estaciones de bombeo sobre el Borde de Maltaraña la empresa encargada de los trabajos omitió las interfaces necesarias para la conectividad entre las plantas generadoras y las estaciones de bombeo, con una capacidad mínima de 24 metros cúbicos por segundo, para el desalojo de los excedentes en las inundaciones.

Ante el abandono de los trabajos, el presidente del Frente Cívico La Palma señaló que desde hace al menos dos administraciones del Módulo de Riego han venido denunciando el desmantelamiento clandestino de la infraestructura y el robo de equipamiento de ésta y otras partes de la infraestructura hidroagrícola que fue concesionada a los productores por el gobierno federal tras la liquidación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1994, para dar paso a lo que después se conocería como Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.