Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El partido político estatal Michoacán Primero presentó una demanda de juicio político contra los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado quienes, mediante un acuerdo que señalaron de “ilegal y tramposo”, aprobaron mantener en el cargo a Marco Bravo como auditor Superior de Michoacán. El dirigente estatal de Michoacán Primero, Antonio Plaza Urbina, acudió a la sede del Congreso del Estado, donde personalmente presentó dicha denuncia ante las oficinas correspondientes, siendo acompañado por miembros del partido e integrantes del equipo legal. Después del trámite burocrático, Plaza Urbina mantuvo un encuentro con medios de comunicación, en el que les expresó que “la denuncia es contra los integrantes de la Junta de Coordinación Política que hayan votado a favor de este acuerdo ilegal, que incluso se ha manifestado la Séptima Juez de Distrito diciendo que no cumple la normativa”. El también abogado recordó que, ante el mandato de la juez de invalidar el nombramiento de Marco Antonio Bravo Pantoja como auditor Superior de Michoacán, la Jucopo procedió de manera ilegal al intentar burlar dicho asunto con un simple acuerdo, lo cual afecta funciones del pleno del Congreso del Estado. “Es verdaderamente inaudito que la Junta crea que puede dejar sin efectos un decreto aprobado por el Pleno, eso equivale a que los integrantes creen que pueden derogar una ley o pueden modificar un nombramiento o que pueden hacer cosas que les están exclusivamente reservadas a los diputados como Congreso en Pleno”. En segundo término, el dirigente de Michoacán Primero recalcó que la Jucopo pretendió nombrar a un “auditor Superior interino”, la cual es una figura inexistente porque hay toda una normativa que claramente señala que la Auditora Especial de Auditoría Estatal es quien debe cumplir como encargada de despacho ante la ausencia de un Auditor Superior de Michoacán. Plaza Urbina precisó que la demanda de juicio político debe derivar en que los diputados señalados sean llamados al pleno a rendir cuentas y se les apliquen sanciones correspondientes. “Esto es activar los mecanismos institucionales que existen. Sí debe quedar constancia de que los integrantes de la Junta de Coordinación Política cometieron por lo menos dos violaciones graves a la ley y la Constitución del Estado. Vamos a seguir presentando las denuncias, señalando las cosas que no están bien y esperamos que actúen conforme a la legalidad, porque los legisladores son los primeros que deberían cuidar que no se violenten las leyes”, concluyó.
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