Redacción / La Voz de Michoacán En política se repite con frecuencia que hay que “escuchar a todos”, pero escuchar a quienes piensan igual es relativamente sencillo. El verdadero oficio aparece cuando una autoridad debe sentarse con sectores que tienen intereses distintos, demandas contrapuestas o incluso una historia de confrontación con el gobierno, y aun así consigue mantener abierto el diálogo. En un estado tan diverso como Michoacán, esa capacidad no es un atributo decorativo: es una condición básica para gobernar. Carlos Torres Piña ha colocado ese método en el centro de su recorrido reciente. En las últimas semanas se ha reunido con distintas expresiones del magisterio, consejos y comunidades indígenas, organizaciones sociales y de derechos humanos, productores del campo, empresarios, comerciantes y transportistas. En Sahuayo y Jiquilpan, por ejemplo, dialogó con productores, comerciantes y transportistas sobre seguridad, comercialización, infraestructura y condiciones para fortalecer la economía regional. En Tierra Caliente se reunió con productores de mango y limón; en Juárez escuchó a productores de guayaba; en Los Reyes y Peribán sostuvo encuentros con sectores agrícolas y comerciales; y en la Meseta Purépecha ha mantenido interlocución con comunidades y artesanos. La importancia de esos encuentros no está en la fotografía ni en la cantidad de sectores reunidos, sino en el hecho de que no todos ellos piensan igual ni tienen las mismas prioridades. El productor quiere mejores condiciones para vender; el transportista reclama seguridad y carreteras funcionales; el pequeño empresario necesita crédito y certeza; las comunidades demandan respeto a su autonomía; el magisterio plantea condiciones laborales y educativas. La política empieza justamente en ese punto: cuando las diferencias dejan de ser un obstáculo y se convierten en una agenda de negociación. En el caso de Torres Piña existe, además, un antecedente que permite medir si esta disposición al diálogo es sólo parte de una estrategia de recorrido o una forma de ejercer el poder. Como secretario de Gobierno de Michoacán tuvo que atender conflictos magisteriales, demandas sindicales, movilizaciones de normalistas, bloqueos, tensiones municipales y procesos de autogobierno indígena. Los indicadores de gobernabilidad del estado reportaron que, entre 2021 y 2024, las protestas y manifestaciones disminuyeron cerca de 67 por ciento. Ese dato sería insuficiente por sí solo si no estuviera acompañado de otro: durante el mismo periodo aumentó el número de comunidades indígenas que ejercían presupuesto directo. Al inicio de la administración estatal eran 11 comunidades; para noviembre de 2024 ya eran 40. Además, durante 2023 se reportó que comunidades pertenecientes a los cuatro pueblos originarios de Michoacán —purépecha, nahua, mazahua y otomí— habían avanzado en mecanismos de autogobierno. Es decir, la reducción de la conflictividad no estuvo acompañada por un cierre de puertas, sino por procesos de consulta, acuerdos institucionales y ampliación de derechos. En varios casos, las propias comunidades reportaron que ejecutar directamente sus obras les permitía obtener ahorros de hasta 60 por ciento. Ese antecedente ayuda a entender la lógica que Torres Piña está llevando ahora al territorio. No se trata de reunir sectores para decirles qué deben pensar, sino de identificar dónde pueden encontrarse intereses comunes. La soberanía alimentaria y la prosperidad compartida planteadas por la presidenta Claudia Sheinbaum ofrecen un ejemplo claro. Para producir más alimentos no basta con aumentar la superficie cultivada; también se necesita seguridad en las rutas, acceso al agua, financiamiento, comercialización justa y pequeñas empresas capaces de integrarse a las cadenas de valor. Es ahí donde los intereses del productor, del comerciante, del transportista y del empresario pueden encontrarse. La experiencia michoacana demuestra que gobernar mediante acuerdos no significa renunciar a la autoridad. La Secretaría de Gobierno es precisamente la oficina donde el diálogo y la aplicación de la ley deben convivir. Hay demandas legítimas que requieren atención inmediata, pero también existen momentos en los que un bloqueo afecta a terceros o un conflicto comienza a desbordarse. La capacidad política consiste en saber cuándo negociar, cuánto ceder y cuándo hacer valer una decisión. Esa combinación de escucha y firmeza es una de las habilidades más difíciles de improvisar. También existe una dimensión electoral que no debería ignorarse. En una competencia interna es sencillo acumular apoyos de grupos afines, pero construir una mayoría social exige hablar con quienes no forman parte del círculo propio. Michoacán no es homogéneo ni política ni económicamente. Las prioridades de la Meseta Purépecha son distintas a las del Bajío, la Ciénega, Tierra Caliente, la Costa o el Oriente. Un liderazgo que aspire a representar al conjunto del estado necesita capacidad para moverse entre esas diferencias sin convertirlas en rupturas. Torres Piña tiene una ventaja concreta en ese terreno: ya estuvo en el lugar donde todas esas diferencias terminan encontrándose. Como secretario de Gobierno tuvo que sentar a sectores enfrentados; como fiscal tuvo que coordinar instituciones con competencias y culturas distintas; y ahora, en el territorio, está reproduciendo esa misma lógica con productores, empresarios, comunidades y organizaciones sociales. En política suele llamar más la atención quien pronuncia la frase más dura o consigue el enfrentamiento más visible. Gobernar exige otra cosa: escuchar, negociar, sostener acuerdos y construir coincidencias suficientes para que el estado funcione. Michoacán no necesita que todos piensen igual. Necesita que alguien sea capaz de sentarlos en la misma mesa y encontrar, entre las diferencias, un camino común.
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