Redacción / La Voz de Michoacán Toluca, Estado de México. La participación de las mujeres indígenas en la toma de las decisiones en sus propias comunidades ha ido en avance en los últimos años, afirmó la Magistrada Presidenta del Tribunal del Estado Yurisha Andrade Morales, en su participan en el Octavo Coloquio de Pueblos y Comunidades Indígenas organizado por la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la mesa denominada “Los Derechos Humanos y la Justicia Electoral para las Comunidades Indígenas” la jurista ejemplificó la importancia de la participación de las comunidades indígenas en la toma de las decisiones para la elección de sus representantes y con ello va implícito la distribución de los recursos económicos, haciendo énfasis en la participación de las mujeres en este tema, a pesar de ser doblemente discriminadas por ser mujeres y por ser indígenas. Andrade Morales, dijo “sabemos que las mujeres históricamente se ha considerado un grupo que no ha tenido la oportunidad de incursionar en los espacios públicos, hoy en día ya hemos avanzado gracias a acciones afirmativas, además, de reformas constitucionales que hablan de la paridad en la postulación de las candidaturas y con ello hemos logrado una paridad también en el Congreso de la Unión”. El hecho de ser mujer y además de ser indígena es una de las principales líneas para la obstaculización del ejercicio del cargo, la propia Sala Superior en 2020 confirmó una violencia política por razón de género precisamente ejercida por un presidente municipal hacia una regidora y determinó que se debería de juzgar con perspectiva intercultural, por ello la importancia de salas especializadas en materia indígena, enfatizó Andrade Morales. Recordó que alrededor del 19.4 por ciento de la población mexicana se reconoce como indígena es decir 23.2 millones aproximadamente de acuerdo al dato del INEGI, por ello en el 2005 se llevó a cabo una primera redistritación por parte del INE en la que se identificaron 28 distritos indígenas lo que representa un 9.33% de la población, a partir de este hecho y después de posteriores redistritaciones se logró que en la Cámara de Diputados existan actualmente 37 representantes legislativos de pueblos originarios. Por lo que ve en ello una oportunidad que, en las próximas elecciones del 2024, Cámara Alta puede tener cúrules que representen a este sector de la población. Recordó que aunque en el 2015 se reconoce y se garantiza el derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas a la libre determinación, que puedan realizar la elección de sus autoridades, y el manejo de sus propios recursos, en Michoacán no ha sido fácil y se requiere de la participación de todas las autoridades para lograrlo. Explicó que el máximo Órgano Electoral de la entidad es el único a nivel nacional al cual el Poder Legislativo local le ha otorgado la facultad para conocer el manejo del presupuesto directo en las comunidades indígenas, sin considerar una segunda instancia jusrisdiccional, esto por si la comunidad en cuestión no está de acuerdo con la sentencia que se haya emitido, tan es así que, actualmente, no hay autoridad a la cual acudir y la propia Corte de Justicia de la Nación ha dicho que tales cuestiones son materia administrativa, y no electoral. Es por lo anterior que los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán se encuentran en la indefensión. En la misma mesa de análisis, la Magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos refirió que la reciente reforma electoral que amplió las facultades del TEEM para dar cauce institucional a los conflictos que recientemente quedan sin una vía judicial para dirimirlos y garantizar el acceso a la justicia, y a su vez, evitar la autotutela, aporta una solución idónea para garantizar los derechos de las comunidades indígenas de autonomía y autodeterminación, así como para evitar incurrir en una responsabilidad por no garantizar la existencia del derecho a una segunda instancia jurisdiccional, ya sea mediante el Tribunal Electoral local que prevea la primera instancia unitaria y la segunda instancia colegiada, o bien, mediante la creación de una sala indígena dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En esa mesa de análisis, Ricardo Gutiérrez Rodríguez, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, reflexionó sobre la “Cultura preventiva ante el fenómeno de la violencia que afecta los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas” con la moderación a cargo de Víctor Oscar Pasquel Fuentes, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México. De manera previa Salvador Alejandro Pérez Contreras, Magistrado de este Tribunal, participó en la Mesa “Experiencias en materia de derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, en la cual habló sobre el reconocimiento normativo de la administración directa de recursos por las comunidades indígenas en Michoacán e implementación de una nueva competencia para el Tribunal Electoral.
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