Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Quemas de unidades, choferes asesinados, han ocurrido recientemente en los municipios de Apatzingán y Uruapan. Para el gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, las agresiones tienen dos motivos. El hecho más reciente en contra de trabajadores del volante ocurrió este 25 de julio, en la ciudad uruapense, donde sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a dos taxis sobre la calle Jesús Romero Flores, a un costado del deportivo Sánchez Nava. Un día antes, delincuentes encapuchados de forma casi simultánea incendiaron con bombas molotov dos taxis de la organización Vicente Guerrero y uno más de la línea Mirindos en las colonias La Perla y Lázaro Cárdenas, respectivamente. También en Uruapan, el pasado 11 de mayo, dos taxistas perdieron la vida tras un ataque a balazos en la base de Radio Taxi Circuito Plus, en la colonia Rubén Jaramillo, uno de ellos dirigente de la organización, identificado como Luis Mauricio P., de 55 años de edad. Por su parte, en Apatzingán, al corte de del 16 de julio, sumaban 6 ataques contra taxistas desde el pasado 28 de junio, con saldo de cinco muertos y un herido. En la agresión más reciente, un conductor de la agrupación Radio Taxi Alfa fue asesinado en la calle Venustiano Carranza, en la colonia La Pradera. ¿QUÉ DICE EL GOBIERNO AL RESPECTO? Este miércoles, durante el encuentro con medios de comunicación, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que las agresiones tienen que ver por dos motivos. En el caso de Uruapan, el mandatario estatal atribuyó los ataques contra taxistas al tema de extorsión, “y se está llevando a cabo la investigación de manera muy precisa para dar con los responsables y tenemos esa línea de investigación”. Recordó que ahora con la nueva ley antiextorsión, que entró en vigor desde el pasado mes de marzo, ya no se necesita la denuncia de los taxistas, pues se persigue de oficio. Entre lo que implica la Reforma, la extorsión ahora se equipara al secuestro, de tal forma que la pena de este delito, que era de 4 a 12 años de prisión, se eleva de 15 a 25 años. Sobre el caso de Apatzingán, Ramírez Bedolla dijo que es distinta la causa respecto a Uruapan; “es más relacionado con actividades de grupos fuera de la ley”. En este municipio de Tierra Caliente –destacó el titular del Ejecutivo estatal–, la Guardia Civil tomó el control de la Seguridad Pública, al dar a conocer que se relevaron los mandos de director y subdirector de la Policía Municipal. Defendió que el estado de fuerza de elementos policiacos no se dará a conocer, porque “imagínate si los malosos se enteran”.
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