Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Los 40 diputados locales disfrutan de prestaciones adicionales que no existían en la anterior 74 legislatura michoacana. Asciende a 101 millones de pesos el recurso extra comprometido en el 2022 y que se reparte por igual entre todos los representantes populares. Cada diputado estará recibiendo 2 millones 525 mil pesos extras en el transcurso del presente año (en cheque y en prestaciones), bajo los conceptos de “prerrogativas extraordinarias”, “asignaciones por concepto de comunicación social”, “asignaciones de personal adicional” y “asignaciones a comisiones y comités”. “¡¿Dónde está el dinero del Congreso?!”, llevan semanas preguntando algunos diputados, sin hacer sumas y restas respecto de las pólizas de cheques a su nombre que ya han firmado. A cada diputado local se le ha entregado directamente la cantidad de 675 mil pesos, a través de tres ministraciones: en diciembre (175mil), enero (325 mil) y julio (175 mil), dentro de la “prerrogativa extraordinaria”, destinada a atender las necesidades de sus electores, las de los ciudadanos que se acercan a gestionar el surtido de la receta médica, apoyo para pasajes, servicio fúnebre o beca escolar, por mencionar algunos ejemplos. Esa sola partida cuesta 27 millones de pesos y todos reciben su parte. Sin embargo, no todos los legisladores hacen trabajo político, territorial y legislativo en sus distritos. Algunos ingresan ese dinero a sus chequeras personales y fabrican comprobantes con prestanombres. Paralelamente, durante el primer semestre del 2022, los 40 diputados usufructuaron un gran paquete de 273 plazas de confianza con un costo presupuestal global de 58.6 millones de pesos (de enero a julio), lo que incluye el importe bruto de los impuestos, bajo el concepto de “asignaciones de personal adicional”. Fue una excelente oportunidad para que muchos legisladores ingresaran a la nómina a amigos y parejas sentimentales, para hacer pago de favores de campaña o para escarbar fosas clandestinas. No faltó quien se valiera de prestanombres, dándolos de alta en la nómina para ordeñar la tarjeta de débito cada quincena salarial, lo que alimentó la narrativa mediática de las aviadurías en el Poder Legislativo. 101 millones de pesos extras en prestaciones adicionales para los 40 diputados, en prerrogativas que no existían en la anterior Legislatura. El déficit presupuestal del Congreso obligó a todos los diputados a renunciar a todas esas nuevas plazas de confianza a partir del mes de julio, lo que levantó una ola de protestas contra el “despido masivo” con gran estridencia mediática. En diciembre pasado, el fallido secretario de Finanzas, Mario Villegas, proyectó un gasto mensual de 4.8 millones de pesos para sufragar la nómina adicional, pero el costo real se disparó a 8 millones al mes. Hasta el momento, la mitad de esos 273 trabajadores de reciente ingreso ya firmó el finiquito, aceptando la finalización de la relación laboral. Cabe subrayar que los diputados aún cuentan con bastante personal a su disposición: 2 asesores “A” y 3 asesores “B”, así como un secretario técnico por cada una de los 38 comisiones y comités del Congreso. Cada coordinador parlamentario tiene además un asesor “especial”. Por cierto, el trabajo de dictamen brilla por su ausencia en estos dos meses de receso, pues los representantes populares asumen tener derecho a tomar vacaciones de verano. Otra nueva prestación que no existía en la 74 legislatura versa sobre la asignación presupuestal a los 38 comisiones y comités. Cada diputado presidente dispone de 100 mil pesos al año para darle operatividad a las reuniones de dictamen o puede optar por embolsarse ese dinero, convocando los encuentros en “la casona”, donde cada bancada tiene un salón a su disposición, con coffee break ejecutivo a cargo del presupuesto del Congreso. La anterior legislatura estrenó la prestación “asignaciones por concepto de comunicación social”, cuyo monto inicial era de 15 mil pesos mensuales por cada uno de los 40 diputados. La actual Legislatura subió 11 mil pesos a esa partida para llegar a 26 mil pesos al mes por representante popular. El gran total es de 12.4 millones de pesos. Se ejerce con hermetismo y total opacidad.
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