Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- Gremios de trabajadores del volante resaltan que prevalecen los antecedentes negativos en proyectos conjuntos entre gobiernos y transportistas de Michoacán. Falta de transparencia y actos de corrupción se mantienen en total impunidad, además del costo para los particulares por dejarlos embarcados en proyectos inviables. En el marco de la discusión y negociación para establecer nuevos esquemas de transporte masivo en la ciudad de Morelia, choferes recordaron programas fallidos en el pasado reciente, en concreto el programa de conversión de unidades de gasolina a gas natural que arrancó en 2017, con el gobierno anterior. Más de 40 millones de pesos por los convertidores catalíticos que tendrían que haber sido entregados a los operadores del transporte público simplemente desaparecieron a pesar de que fueron pagados por recursos federales y de los transportistas. A cinco años de que arrancó el proyecto impulsado por los tres niveles de gobierno, José Trinidad Martínez Pasalagua denunció que en ese caso los transportistas salieron perdiendo por entrar al programa con el gobierno y a la fecha no hay ni justicia ni compensaciones, por lo que alertó sobre la posibilidad de nuevamente sacar la peor parte esta nueva intentona de política en el sector, ahora con la administración de Alfredo Ramírez Bedolla. La respuesta en torno al evidente fraude se mantiene en el completo silencio, mientras que la empresa que fue contratada a través de una licitación ni siquiera ha sido señalada, refiere Martínez Pasalagua, líder del gremio de transportistas conocido como Comisión Reguladora del Transporte (CRT). “Ahí tendrá que presentar el gobierno la denuncia penal porque fue robo y fraude al gobierno federal. Fácil se llevaron del programa de catalizadores unos 30 o 40 millones de pesos; nunca los pusieron y lo que ha pasado es que seguimos trabajando con el gas natural”, manifestó Martínez Pasalagua a pregunta expresa de esta casa editorial. Desde el 2020 señalaron darse por vencidos ante la falta de más de 500 convertidores catalíticos que no fueron entregados a pesar de las manifestaciones y de la presión de los trabajadores del volante que mantuvieron durante más de un año en la ciudad de Morelia. Han pasado ya 5 años desde que el gobierno municipal del entonces alcalde Alfonso Martínez Alcázar y el Gobierno de Michoacán anunciaron la gestión de 60 millones de pesos ante la federación, con el objetivo de contar con la primera flotilla del país en donde el transporte público dejara de usar gasolina y se cambiara al gas natural. No obstante, la empresa contratada tenía otros planes. A pesar de que se licitó entre 3 empresas michoacanas tanto en el costo como en el beneficio, la empresa ganadora no contó con la capacidad de abastecer el convertidor catalítico para las más de mil unidades que fueron beneficiarias del programa y que, además, tuvieron que aportar recursos propios para la conversión. Hace poco más de dos años, los transportistas, principalmente de la Ruta Naranja y Roja de Morelia se manifestaron en las oficinas centrales de la empresa GNCV, en donde exigieron a los encargados la entrega de los catalizadores que días entonces, ya tenían casi tres años de retraso. En su momento, la empresa reconoció que no contaba con el inventario de los convertidores. “De los taxis eran como 900 unidades y del transporte colectivos como 900 más, para que dimensiones el problema. No sé si el gobierno llevaría ganancia, no quiero ser mal pensado, pero es esa falta de transparencia la que genera incertidumbre”, manifestó el líder del gremio transportista.
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