Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Con base a las críticas de años pasados y necesidades de rendición de cuentas sobre el manejo de recursos públicos, a partir de este 2022 los pueblos originarios presentarán sus propios informes de gobierno sobre las acciones generadas en las comunidades que ya ejercen su presupuesto directo. Son al menos 24 pueblos indígenas los que han alcanzado en los últimos años la autonomía administrativa y que en los próximos meses estarán rindiendo cuentas de lo que presuntamente han generado al interior de sus comunidades. En voz del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), los avances en los pueblos son relevantes y, según su versión, se estima que han logrado gasta 8 veces más obras púbicas que cuando estaban sujetos a la administración municipal. En voz de Pavel Ulianov Guzmán, vocero del organismo, el ejercicio es parte de la iniciativa de las propias comunidades, quienes buscarían poner sobre la mesa los logros materializados. En este sentido, el mensaje de los informes mantendrá el eje de protesta ante la escasa participación de los pueblos indígenas en cuanto a la recepción de presupuesto. “Ahorita que está de moda lo de los informes de gobierno, las comunidades van a presentar los suyos, pero dependiendo de la fecha que hayan ingresado”, dijo. “Ellos están haciendo hasta 8 veces más obra pública en las comunidades (sic); tienen su ronda comunitaria y pueden crear fondos de apoyos. Es de las pocas vías que tienen las comunidades. El de Sevina es en noviembre y depende de cuando hayan iniciado. De noviembre hasta febrero”, manifestó el vocero en entrevista para La Voz de Michoacán. Sumado a las 24 comunidades que ya ejercen su propio presupuesto, hay al menos otras 6 que se mantienen en la intención de erguirse en la autonomía, pero que todavía no lo han logrado por diversas circunstancias, como Nurío, Urapicho, Pomacuarán y Ostula. En este año reclaman que sólo se les otorgaron 17 millones de pesos para atender a la población de más de 500 comunidades originarias distribuidas en prácticamente todas las regiones del estado. En este caso, el Consejo Indígena ironizó respecto a que actualmente se le destina más recursos al Zoológico de Morelia que a la atención de las comunidades. Van ganando terreno A pesar de todos los conflictos suscitados en los últimos 4 años, para este 2022 el único ayuntamiento que se resiste a entregar el presupuesto directo es Erongarícuaro. La comunidad de Jarácuaro incluso emplazó con retomar más movilizaciones para los próximos meses en caso de que no se resuelve su situación jurídica. “El último caso fue el de los compañeros de San Francisco Peribán; en algún momento el Ayuntamiento decía estar incapacitado económicamente pero ya lo firmó y el único que no ha querido es Erongarícuaro. valoramos como consejo en los próximos días emprender una jornada de lucha en contra del presidente para exigirle que firme el acta de Cabildo y entregue el presupuesto”, manifestó Pavel Ulianov Guzmán. Con base a lo anterior, desde hace unos meses se anunció que para el próximo 2023 comunidades indígenas de Michoacán exigirán el presupuesto directo prorrateado al gobierno del estado. Argumentan que por población indígena les corresponden un total de mil 800 millones de pesos a los más de 150 mil habitantes de las diferentes etnias de la entidad. El CSIM aseveró que hasta el momento se han abocado a la atención de los presupuestos directos a nivel municipal. No obstante, el proyecto también contempla solicitar la parte que corresponde al Ejecutivo del estado e incluso a la Federación en un futuro no muy lejano. Vale tomar en cuenta que el recurso distribuido es federal y dentro del plan presupuestal se plantean las necesidades y montos de cada municipio. Según la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) compartida por el organismo indígena, 8 de cada 10 viviendas en las que habita una persona indígena mantienen rezago habitacional, el 19.9 por ciento carece de servicios de agua, el 24.6 por ciento no tienen drenaje y el 13.9 por ciento de las viviendas mantienen pisos de tierra. Finalmente, el 40.3 por ciento de la población indígena mayor a 12 años ha sufrido actos de discriminación y el 29.2 por ciento ha padecido incidentes de negación de derechos.
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