Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Suman más de 800 víctimas directas e indirectas por la intervención de la Policía Michoacán en la comunidad indígena de Arantepacua en abril del 2017. A cinco años de los hechos que dejaron cuatro muertos, finalmente avanza la reparación del daño comprometida por el Gobierno del estado. Actualmente se tiene hasta un 30 por ciento de cumplimiento de los acuerdos contraídos con el pueblo originario, mismo que contempla obra pública de impacto social directo y la revisión de cada una de las personas involucradas. En voz de Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos de Michoacán, a partir del próximo mes se trabajará con en los estudios de impacto psicosocial a cada una de las víctimas, con lo que se podrá determinar las necesidades de cada individuo. Destacó que únicamente completando todos los procesos y consensuando con la totalidad de la población se podrá proceder a la disculpa pública que emitió como recomendación la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde diciembre del 2020 y la que la pasada administración y la Fiscalía estatal se habían negado a dar crédito. Habrá casos que sólo requieran acompañamiento psicológico, terapia, y que los acompañemos, pero también estamos otorgando medidas de tipo social porque tenemos una intervención en el área de la salud, sobre todo los que fueron afectados”Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos “Se hace valoración para un espacio educativo como aparte de la reparación del daño. Llevamos un cumplimiento de casi el 30 por ciento y estaremos dando cumplimiento quizás más rápido una vez que tengamos el diagnóstico psicosocial”, manifestó la también activista. Serían varios millones de pesos El panorama luce costoso para el presupuesto estatal en cuanto a la reparación del daño. No obstante, la titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos reconoció que lo anterior debe de fungir como lección para las decisiones de funcionarios públicos hacia el futuro. Advirtió el cambio de paradigma observado en la atención a los derechos humanos. Hasta años pasados, las recomendaciones de las comisiones y organismos defensores de derechos humanos eran advertidos como meros “llamados”, mientras que para este 2022 la gran mayoría están sujetos a la reparación del daño. Foto: Contralínea Incluso, se teme que en casos de gravedad y de impacto mediático se puedan alcanzar fallos de las cortes internacionales, lo cual implicaría una reparación del daño tasada en dólares. “Todo proceso de reparación tiene que ser consensuado con la comunidad y los dictámenes para la reparación del daño se hacen con las comisiones estatal y federal. Algo que he hecho mucho hincapié es que tenemos como estamos ser responsables en las violaciones a los derechos humanos, porque no sólo se traduce en recomendación, ahora el 90 por ciento de las violaciones a derechos humanos avanza a reparación del daño”, aclaró. La herida sigue abierta Fue el pasado 6 de abril del 2017 que murieron por arma de José Carlos Jiménez Crisóstomo, estudiante de enfermería de 25 años; Luis Gustavo Fernández Cuenete, de menos de 16 años; y Francisco Jiménez Alejandre, de 70 años; la comunidad acusó a los uniformados del Gobierno del estado de haber disparado en contra de la población indefensa. En ese contexto, las fotografías que logró documentar La Voz de Michoacán dejaron ver el dolor de las familias y de los comuneros por las vidas que arrebataron las balas. Durante el encontronazo, resultaron lesionados siete elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, todos por heridas de arma de fuego y tres de ellos con lesiones que comprometieron órganos vitales; semanas más tarde uno de los elementos falleció por las heridas. Tras los hechos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició investigación sobe la queja lMOR/293/2017 y emitió medidas cautelares de protección por lo que respecta a la detención de 38 personas provenientes de la localidad de Arantepacua, a las que se sumaron 10 más tras el enfrentamiento ocurrido el 6 de abril de ese año en la comunidad del municipio de Nahuatzen. Apenas en abril pasado, la población de Arantepacua se manifestó en Morelia y arremetió contra las instalaciones de la Fiscalía General de Michoacán (FGE) y otras instalaciones de gobierno ante lo que señalaron, como un estado de impunidad. La comunidad de Arantepacua y Capacuaro, ambas enclavadas en la Meseta Purépecha, llevan más de 70 años de conflictos por la posesión de 500 hectáreas de tierras; al momento del operativo del 6 de abril ambas comunidades habían concretado 18 mesas de negociación para determinar la posesión de la extensión. Actualmente la tensión entre comunidades indígenas por la tenencia de la tierra es una constante en distintos puntos de la geografía michoacana.
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