Javier Favela / La Voz de Michoacán Empleadores recibirían un estímulo fiscal por contratar discapacitados y adultos mayores, de aprobarse iniciativa de la diputada Fernanda Álvarez dirigida al Congreso de la Unión para reformar el artículo 186 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Al contribuyente se le rebajaría del impuesto sobre la renta el 25% del salario efectivamente pagado a las personas contratadas. En Michoacán, el porcentaje de adultos mayores no afiliados a alguna institución de servicio de salud es uno de los más altos del país, lo que refleja el aumento de la informal laboral en este grupo. Los adultos mayores están en una situación vulnerable debido a la falta de empleo a medida que envejecen y a la falta de seguridad social, lo que conduce a la escasez de trabajo y a la ocupación laboral informal en México, señaló la legisladora local. La iniciativa de Fernanda Álvarez busca incentivar a empresas y personas para que contraten a personas de la tercera edad, ofreciendo una deducción del 5% en impuestos para quienes lo hagan y reduciendo la edad de jubilación de 65 a 60 años. El grupo de personas de la tercera edad sufre constante discriminación y desigualdades en materia laboral, salarial y seguridad social, lo que dificulta su capacidad para obtener ingresos y realizar actividades cotidianas. Aunque los avances médicos han aumentado el promedio de vida, llegar a una edad avanzada no es considerado un logro, ya que puede resultar en discapacidad, dependencia, enfermedad y discriminación, señaló la morenista. Actualmente, en México, el 12% de la población tiene 60 años o más, lo que representa 15.1 millones de personas, y se espera que esta cifra se triplique para el año 2050. La población de adultos mayores enfrenta dificultades para obtener empleo y seguridad social, y casi tres millones de personas de este grupo no están afiliadas a alguna institución de servicio de salud, señaló. La actividad económica de los adultos mayores en el año 2021 fue del 29 por ciento, y disminuye conforme avanza la edad. Además, el 47 por ciento de los adultos mayores ocupados en nuestro país trabajan por su cuenta, seguido por quienes son trabajadores subordinados y remunerados con el 40 por ciento. Fernanda Álvarez planteó que los derechos humanos requieren una gradualidad en su implementación a corto, mediano y largo plazo, y se prohíbe la regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, lo que obliga a promover gradualmente la garantía para todas las personas de gozar de sus derechos humanos. El anteproyecto busca aumentar el trabajo formal y proteger el derecho a la seguridad social de los adultos mayores, haciéndolos sentirse parte activa de la población, ejerciendo derecho al trabajo. Para acceder a este estímulo fiscal, los empleadores deberán obtener el certificado de discapacidad expedido por el IMSS. Los contribuyentes beneficiados tendrían que cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley del Seguro Social.
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