Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A casi 6 años de la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, hasta un 26.6 por ciento de la población penitenciaria del estado permanece en prisión sin una sentencia. Información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), reveló las complicaciones en materia de derechos humanos y acceso a la justicia que prevalece en la entidad. El informe presentado esta misma semana a la opinión pública, destacó que el 73 por ciento de la población penitenciaria ya fue sentenciada, situación que contrasta con el reconocimiento de procuración de justicia respecto a que los procesos de judicialización, llegan a tardar hasta 2 años en desahogarse. El proceso judicial fue señalado por la población privada de la libertad. Un 32.7 por ciento de los encuestados por el INEGI denunciaron haber sido víctimas de actos de corrupción durante las etapas del proceso penal. Lo anterior implica irregularidades en la cadena de custodia desde la detención, juicio y permanencia en el respectivo centro penitenciario. La cifra de internos sigue en incremento en los ya de por sí saturados penales estatales. El INEGI reveló una población privada de la libertad superior a las 7 mil 300 personas, cifra que rebasó a la época previa al NSJP en la entidad. Al igual que la población privada de la libertad en todos los centros penitenciarios, la tasa de delitos denunciados se ha incrementado. Anualmente se atienden poco más de 55 mil casos en dónde se destaca, se ha privilegiado la reparación del daño antes de las penas de prisión. El informe del INEGI contrasta con las causas de la saturación de los centros penitenciarios del estado; desde el 2020 un total de 1 mil 110 personas fueron sentenciadas y enviadas a prisiones estatales por delitos del fuero federal, mientras que apenas 4 mil 55 obedecen a delitos del fueron común, competentes al sistema estatal de centros penitenciarios. Desde principios de este 2021, autoridades estatales advirtieron la saturación de al menos 4 prisiones debido a la llegada de presos federales. A pesar de la situación, ficha condición no ha cambiado a meses de haber sido denunciada. Tal como advirtieron organismos defensores de los derechos humanos, lo anterior propició en una condición de vulneración a las garantías individuales sobre todo en las prisiones con hacinamiento; el 26.4 por ciento de los ppl denunciaron sentirse inseguros al interior de la prisión y un 30.7 por ciento de los encuestados por INEGI manifestaron haber sido víctimas de al menos un delito o agresión durante su estancia. Prácticamente todos los PPL ingresados a los 10 centros penitenciarios del estado fueron evaluados por médico a su ingreso a la prisión. Lo anterior, arrojó datos que refieren que 2 mil 436 tenían lesiones causadas durante detención, principalmente por los elementos de las distintas corporaciones policiales. Foto: Archivo. Resalta en las cifras las edades más recurrentes entre los PPL de la entidad, 4 mil 100 personas tienen entre 18 y 39 años de edad, mientras que 3 mil 153 oscilan entre los 40 y más de 50 años de edad. La reinserción social es uno de los aspectos que resaltó entre los indicadores compartidos por el INEGI. Contrario y menor a las estadísticas compartidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), solo el 16 por ciento de los presos estatales son reincidentes. En 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó a Michoacán en foco rojo por las condiciones en las que se mantienen las prisiones de orden estatal. El problema que ha distinguido la comisión en el caso de Michoacán, y el cual coincide con el problema en otros estados, es que las condiciones económicas de los estados, la falta de recursos y los recortes presupuestales han puesto en desventaja a los sistemas de reinversión social. En la mayoría de los ceresos estatales, los programas para reinsertar en programas productivos a los ciudadanos privados de la libertad han quedado a deber, según informan los organismos de derechos humanos. La CNDH observó la carencia de personal médico y de seguridad, alimentación especializada para las personas menores de edad que viven con ellas, así como deficiencias en infraestructura, falta de talleres, aulas, áreas médicas, comedores, cocinas, áreas deportivas, espacios adecuados para la atención de sus hijas e hijos, así como para llevar a cabo la visita conyugal, además de casi nula actividad cultural y recreativa.
La Voz de Michoacán
