Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Implementarán un cambio de reglas en la evaluación de las condiciones de los centros penitenciarios de Michoacán; a partir de este 2022 se tomarán en consideración nuevos protocolos para medir el cumplimiento en la política de reinserción social de los más de 7 mil presos del estado de Michoacán. Desde el 2020 no se ha dado a conocer el informe anual de la evaluación de los 11 centros penitenciarios que competen a la administración estatal, mismo que durante más de 10 años ha ofrecido resultados negativos en cuanto a las condiciones de las cárceles. Al respecto y en entrevista con medios de comunicación, Marco Antonio Tinoco Álvarez, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), aseguró que los resultados del 2021 en cuanto a evaluación ya están disponibles, sin embargo, decidió no darlos a conocer a la opinión pública por una presunta falta de confiabilidad en las herramientas del diagnóstico. Justificó que las evaluaciones que durante más de 15 años se aplicaron carecen de fondo para poder medir los servicios, derechos y necesidades de las personas privadas de la libertad de toda la entidad. “Tenemos dos cosas. Cuando su servidor llegó había una evaluación que yo decidí no dar a conocer porque no teníamos reglas claras del juego; lo que hicimos en este año es preparar 9 guías metodológicas de cómo vamos a calificar los centros penitenciarios y los lugares de detención”, argumentó el titular de la CEDH. Según su postura, y sin valorar si los resultados anteriores eran más buenos o malos sobre le realidad, adelantó que de ahora en adelante los parámetros los conocerán todos con antelación porque “se llegaba de imprevisto a hacer un examen y no sabía qué se les iba a evaluar”. A un año de que llegó al cargo como ombudsperson del estado, Tinoco Álvarez aseguró que durante las próximas dos semanas se darán a conocer datos sobre el diagnóstico previo de las condiciones a las que se enfrenta la creciente población de personas privadas de la libertad en prácticamente todas las regiones. Incluso, en el informe de actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos correspondiente a los meses de septiembre del 2021 a septiembre del 2022, se observa únicamente la revisión a 3 centros penitenciarios en Michoacán entre los que destaca Apatzingán y la ausencia de calificaciones y observaciones directas. “El nuevo protocolo evaluará a las personas privadas de la libertad, a los administrativos, a los custodios y a las instalaciones. Vamos a dar a conocer el diagnóstico previo en próximos días y vamos a empezar el nuevo proceso de calificación del sistema penitenciario también”, manifestó. Destacar que la evaluación de las prisiones presentada en abril del 2020 calificó con un 7.14 en promedio en los 11 Centros de Readaptación Social en la entidad y en donde se advierte que las condiciones siguen empeorando en prácticamente todos los rubros respecto a los análisis realizados por la CEDH El último Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria de Michoacán dado a conocer por la Comisión presentó un descenso en su apreciación global. El estudio del año 2017 reflejó una puntuación de 8.40 mientras que en el año 2016 presentó un 8.06, lo que implica que en menos de 4 años las penitenciarías han perdido hasta un 1.40 puntos de promedio. En ese contexto y ante la contingencia sanitaria la CEDH señaló en su momento las deficiencias en la infraestructura, de atención médica, la falta de medicamentos y en algunos casos de la densidad poblacional y de hacinamiento en que conviven los internos, y que los colocaba como población mayormente susceptible de contagio y propagación de enfermedades, como el caso de la COVID-19. La disminución de los presupuestos y muchos otros factores siguen incidiendo para que las condiciones empeoren y para que la tasa de reinserción social continúe a la baja en prácticamente todo el estado, refirieron los informes de ejercicios pasados. La situación ha llegado al grado de que autoridades estatales han calificado a las cárceles estatales y federales como auténticas “universidades del crimen”, desde donde se planean, ejecutan y desarrollan diferentes actividades delincuenciales, como el tema de las estafas telefónicas.
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