Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Al menos 50 dispositivos de telefonía y telecomunicaciones fueron incautados al interior de las prisiones de Michoacán durante el 2022. La autoridad estatal ya se plantea planes e inversiones para actualizar la tecnología de inhibidores y hacer frente a esta problemática desde la raíz. En el marco del arranque de la lucha contra el delito de extorsión, las cárceles tanto de administración del estado como de todo el país han sido señaladas entre los puntos de mayor urgencia de vigilancia. Con base a lo anterior, Ignacio Mendoza, coordinador de Centros Penitenciarios del Gobierno de Michoacán, reconoció el panorama al que se enfrentan. A pesar de los esfuerzos, los celulares siguen ingresando a las celdas y llegando a las personas privadas de la libertad, muchas veces para intentar seguir cometiendo actividades ilícitas. El también abogado señaló que en general las principales vías mediante las cuales ingresan los celulares son las visitas conyugales y las convivencias con familias. En este rubro, los lineamientos de derechos humanos han complicado invadir la privacidad de hombres y mujeres que ingresan al área de visitas. Incluso, relató que a principios de este año se detectó en caso en penal de Apatzingán, donde una mujer que asistía a la visita transportaba droga en el útero. Destacó que como este caso se han registrado varios más en todos los centros Penitenciarios del país. Foto: Archivo. Aunado a lo anterior, la corrupción del personal de custodios también ha impactado en el ingreso de este tipo de dispositivos y otros artículos restringidos a la población penitenciaria. En voz del funcionario estatal, en total son 40 los custodios y personal administrativos los que enfrentan procesos administrativos de asuntos internos por distintos actos de corrupción documentados en los centros penitenciarios. Tenemos una población de 6 mil 500 personas en los centros de readaptación social. En teoría no debería haber esos aparatos adentro, pero los hay, en el año pasado fueron decomisados varios”, aseveró. “Todos los días y las semanas se hacen revisiones para que no haya dichos dispositivos, que no pasen armas y hay sanciones son administrativas. Ingresan de muchas maneras, desde las familias y los custodios que se prestan a la corrupción, es un flagelo en el que tenemos que trabajar, tenemos un informe de por lo menos 40 expedientes en asuntos internos”, detalló Ignacio Mendoza. A pesar de que se invirtieron decenas de millones de pesos para instalar inhibidores de señal en al menos tres prisiones de todo el estado, como parte de la normativa federal que impide el uso de tales equipos en los centros penitenciarios, la infraestructura ya quedó prácticamente obsoleta. Los dispositivos fueron comprados durante la comisión de Alfredo Castillo Cervantes en el año 2014 y fueron calificadas por el ahora director como un negocio que solamente benefició a la empresa contratada. Y es que incluso durante la época, la tecnología del inhibidor de señal ya estaba obsoleta; solo detecta redes 2G y 3G mientras que, a nivel nacional, en 2023 la mayor parte de las señales ya son 4G y hasta 5G. El objetivo para este año es claro, dice: para contener el fenómeno se requieren de instalar nuevos instrumentos para inhibir las señales, mismos que cuestan hasta 10 millones de pesos y su operación por año también representa cargos que son casi incosteables para el presupuesto del sistema penitenciario. “Tenemos que invertir en mecanismos tecnológicos para impedir el ingreso de estos aparatos. Las leyes luego restringen las revisiones corporales por considerarlas invasivas. Tenemos que respetar los derechos humanos de las visitas y los custodios y tenemos que cumplir con los aparatos”, manifestó. La nueva reforma al código penal del estado de Michoacán considera como agravante en el delito de extorsión que el atentado provenga del interior de una prisión. Incluso, los funcionarios públicos que resulten culpables de facilitar dispositivos también estarán sujetos a la sanción de hasta 25 años de prisión. Extorsiones telefónicas, un flagelo constante Prácticamente todos los días michoacanos en general reciben llamadas en donde son intimidados, engañados, apercibidos y violentados en general por parte de delincuentes virtuales. Desde las llamadas del supuesto secuestro de un ser querido, otras donde se hacen pasar por un familiar detenido en la frontera con los Estados Unidos de América e incluso premios ganados sin haber participado en ningún sorteo, sorprenden todos los días a cientos de personas. Muchos de ellos, la enorme mayoría, no presentan denuncias a pesar del impacto que puede llegar a tener la acción delictiva. La escasez de denuncias y el origen de las llamadas el cual en muchos casos han sido ubicadas en centros penitenciarios del interior del país representa la principal barrera para las autoridades estatales de procuración de justicia.
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