Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por quien pesa una orden de aprehensión por presunto desvío de recursos durante su administración gubernamental, habría obtenido un amparo por parte de un juez de control federal en contra de la ejecución del recurso legal. De acuerdo con diversos informes, un juez del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, le concedió la suspensión provisional y le fijó el pago de 52 mil pesos como garantía para que surta efecto la medida cautelar, cantidad que deberá pagar en los próximos cinco días. La información refiere que Aureoles Conejo, que también es buscado por la Interpol, como lo confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla el pasado 24 de marzo, promovió el recurso el pasado 21 de abril y la resolución implica que no se le prive de su libertad, aunque la orden de aprehensión amerite la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. “Lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Suspensión por orden de aprehensión y/o reaprehensión por delito que sí amerite prisión preventiva oficiosa. Si la orden de aprehensión y/o reaprehensión se refiere a delito que amerite la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con apoyo en el ordinal 166, fracción I, de la Ley de Amparo, la suspensión también impedirá que se le prive de su libertad; lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”. ¿DE QUÉ SE LA ACUSA A SILVANO? En declaración anterior, Ramírez Bedolla aseguró que hay una orden de aprehensión en contra del ex mandatario michoacano por diversos delitos precisos y puntualizó que la investigación en contra del también exsenador de la República tiene varios años por parte del actual gobierno michoacano, cuya denuncia al respecto se presentó desde febrero de 2022. “Este caso de los cuarteles en lo personal a mí me llamó la atención por el monto económico, son miles de millones de pesos por unos cuarteles, entonces no hay proporción entre lo edificado y lo que se pagó por ellos, de ninguna manera”. Ejemplificó que por un cuartel se pagaron por el que se pagaron alrededor de 980 millones de pesos, cuando, según los avalúos del Instituto Nacional de Bienes Federales, no rebasaba los 180 millones de pesos, es decir, cinco veces su costo. Ramírez Bedolla también señaló irregularidades por adjudicaciones directas en base a una supuesta patente de construcción y no existe tal patente, “por lo tanto el argumento por lo cual se hizo la adjudicación directa es falso. Recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron irregularidades, y en el último año de la administración silvanista, la ASF descubrió un quebranto de 22 mil millones de pesos. “Es una investigación muy ardua, de tiempo completo, de la Contraloría del Estado, del Contralora Azucena Marín, de su equipo, para lograr que la FGR tuviera todos los elementos técnicos, financieros, legales, y finalmente integrar la carpeta de investigación, se presentara ante un juez y el juez emite las órdenes de aprehensión”.
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