Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició la revisión de las condiciones alimentarias de centros penitenciarios del estado. Luego de que esta semana denunciaran problemáticas al interior del penal de Apatzingán, la Comisión advirtió que al menos en este caso, es la segunda ocasión en que reclusos denuncian maltrato alimentario. Fue a través de redes sociales que se denunció una presunta huelga de hambre por parte de 3 presos en el citado reclusorio. Si bien lo anterior fue negado en un principio por la coordinación de Centros Penitenciarios del estado, la CEDH resaltó que luego de una visita por parte de la comisión, se detectó la inconformidad de un grupo de internos. Denuncian varias anomalías: desde la carne en malas condiciones, agua sucia para beber, altos costos en los insumos de las tiendas y la negativa de la Dirección para que visitantes introduzcan alimentos a sus familiares, fueron la constante que recibieron los visitadores esta misma semana. La visitadora auxiliar, Karla Giovanna Pineda Figueroa, se reunió con los internos, ocupantes del Módulo B, quienes expusieron su malestar debido a que los alimentos están en mal estado, además son insuficientes y poco nutritivos; aunado a que no se proporciona una dieta específica para los internos que tienen algún padecimiento y que por indicación médica requieren de una alimentación especial. Por estos hechos se inició la queja APA/043/2020 por violación al derecho a recibir un trato digno y a la protección a la salud en contra de la Dirección del Cereso de Apatzingán. En 2019 la CEDH atendió otra queja de internos por la alimentación deficiente en ese mismo penal, por lo que el organismo advierte la necesidad de que se corrija de manera inmediata esta situación. El Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria de Michoacán que realiza la CEDH cada año presentó un descenso en su apreciación global en su última evaluación. Con una calificación de 8.06 en 2017 respecto al 8.40 que obtuvo bajo el mismo proceso de evaluación en 2016. Actualmente, se cuenta con poco más de 5 mil internos en los 11 centros penitenciarios estatales en Michoacán. Se estima que para el año 2017, disminuyó en un porcentaje importante el ingreso de delincuentes a las cárceles. Uno de los factores fue el cambio en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en donde la prisión preventiva es una de las últimas instancias a las que acuden los jueces. Baja reinserción social Desde el año 2017, al menos cuatro centros penitenciarios han cerrado sus puertas en Michoacán. Uno de ellos, y el más significativo, fue el Centro de Readaptación Social Francisco J. Múgica, cuyos presos fueron trasladados al David Franco Rodríguez. Uno de los puntos que más preocupó a las autoridades, tanto estatales como a los visitadores de la CEDH, es que se ha identificado que en prisiones como el Cereso David Franco Rodríguez y el de Uruapan que se han generado intentos de autogobierno por parte de los internos que buscan apoderarse del reciento y cobrar cuotas a otros reclusos. Al menos el 40 por ciento de los presos son jóvenes de entre 18 y 30 años, por lo que, a decir de las autoridades, es necesario reestructurar el esquema de prisiones y dejen de ser consideradas como escuelas del crimen. Un dato que preocupa a las autoridades estatales, es que hasta 25 por ciento de los presos que ‘egresan’ de los penales de Michoacán reinciden en algún tipo de delito; la reinserción social de las personas privadas de la libertad, sigue representando el principal reto para la coordinación estatal de Centros Penitenciarios. La situación ha llegado al grado de que autoridades michoacanas han calificado a las cárceles estatales y federales como auténticas "universidades del crimen", desde donde se planean, ejecutan y desarrollan diferentes actividades delincuenciales. Los datos de años pasados refieren incluso las fallas en materia de generar condiciones, talleres, desarrollo académico y otras actividades. Actualmente, el sistema de readaptación social logra apenas una décima parte de éxito en su objetivo, o sea que únicamente el 10 por ciento de los internos, logran egresar del penal estatal y reintegrarse a la sociedad en una actividad productiva.
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