Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Sancionarán a autoridades de procuración de justicia y jueces que entorpezcan y alarguen los procesos de judiciales por feminicidios en Michoacán. Ante la necesidad de reducir la brecha de impunidad por los hechos de violencia contra la mujer, el Gobierno del estado anunció medidas a partir de este 2022. La iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal al Congreso de Michoacán contempla revisar las condiciones en las que actúan los ministerios públicos en la integración de las carpetas de investigación, así como las decisiones tomadas por los jueces en aras de garantizar la justicia a las víctimas del feminicidio. Y es que como mínimo las causas penales por feminicidio se llegan a prolongar por más de dos años debido a las estrategias legales implementadas por la defensa de los imputados, lo cual aunado a que no se alcanzan las penas máximas envía mensajes erróneos de impunidad a los agresores de mujeres, destaca la autoridad. No más tortuguismo e indiferencia: Bedolla El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló en rueda de prensa este lunes que la impunidad sigue siendo uno de los principales aspectos a combatir, tanto en el ámbito de la violencia contera la mujer como en la incidencia delictiva en general. “Debe de aplicarse justicia. Cero impunidades para cualquier acto delictivo, es la mejor manera de inhibir la delincuencia y que haya justicia, eso es lo que tenemos que buscar y lograr”, atajo. Tenemos el caso de los feminicidios, que ya mandamos una iniciativa al Congreso del estado para homologar el delito de feminicidio al tipo penal federal”Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán “Viene ahí una parte donde hemos solicitado que aquellas autoridades de procuración de justicia, administración de justicia, la procuración la hace la fiscalía y la administración los jueces, que entorpezcan y alarguen los procesos para que sean sancionados, pero también que el tipo penal de feminicida sea el que ocurre en la realidad”, manifestó el mandatario. Hasta el 2020 la tasa de judicialización de carpetas de investigación por homicidios de mujeres fue estimada en un 30 por ciento, mientras que los casos de feminicidios como tal se siguen contando con los dedos de las manos manos a pesar de que cada año son cientos de mujeres las que pierden la vida en condiciones de violencia. Recientemente, colectivos y víctimas indirectas de feminicidio han señalado y denunciado que el marco legal actual protege más a las víctimas que a los victimarios por lo que familia, amigos y activistas de mujeres asesinadas han presentado iniciativas ciudadanas para reforzar la legislación local e incluso contemplar la prisión vitalicia para los agresores de las mujeres. El objetivo es claro: buscan que se endurezcan las penas y se fortalezcan los criterios con los cuales los juzgadores sentencian a los agresores de mujeres en los diferentes fenómenos que año con año cobran la vida de cientos de mujeres. El código penal de Michoacán establece penas de hasta 50 años de prisión para los feminicidas, mientras que destacan que otros delitos alcanzan condenas de hasta 90 años de prisión y medidas cautelares más fuertes. Asimismo, denuncian que en los últimos años ningún feminicida ha alcanzado la pena máxima a pesar de las pruebas presentadas tanto por los ministerios públicos como por las víctimas indirectas, es más, la misma Fiscalía ha optado por procesos abreviados, lo que reduce notablemente las sanciones de los asesinos. La experiencia de sentencias recientes respecto a que no se ha llegado a la pena máxima para los feminicida y la necesidad respecto a que se requiere de endurecer las penas para evitar que el delito se siga replicando por parte de hombres jóvenes en todo el estado, es urgente, señalan los distintos colectivos. Entorpecen caso de Patricia Paniagua A dos años de desaparecida, la familia de Patricia Paniagua denunció al Ministerio Público y al Poder Judicial de Michoacán de entorpecer los trabajos de búsqueda y justicia de la mujer desaparecida en 2020. El presunto victimario fue liberado a pesar de las pruebas y testimonios de la familia. Advirtieron que, a pesar de las denuncias presentadas por la víctima en cuanto a agresiones y amenazas, el Estado no garantizó la protección de la mujer, madre de familia. “Se encontró con el muro de la apatía y la intolerancia. En voz de la jueza Ana Lilia García Cardona, hubo una deficiente investigación por parte de la Fiscalía, no se agotaron las líneas de investigación y pésimo desempleo de la Ministerio Público en la investigación. Hoy pedimos justicia por mi hermana, tememos por nuestra integridad por las amenazas de José Ventura y su familia. Hago responsable a José Ventura, a la Fiscalía y a la juez Ana Lilia de lo que nos pueda pasar a mí y a mi familia”, manifestó Yessica Ventura, familiar.
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