Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- Claudio Méndez Fernández, secretario de Desarrollo Económico, y Antonio Godoy, titular de la Coordinadora del Transporte Público en Michoacán (Cocotra), interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por posibles actos de extorsión al sector productivo de Uruapan. Estas denuncias son las primeras que presentan funcionarios públicos de Michoacán, luego de la aprobación de la reforma al Código Penal del Estado, que obliga a los servidores a acudir ante las autoridades en cuanto se tenga conocimiento de actos de extorsión. Esta reforma impulsada por el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, también contempla que la Fiscalía deberá de iniciar las carpetas de investigación correspondientes en cuanto el hecho se haga público a través de medios de comunicación. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha sido enfático en que se perseguirá y castigará a los responsables de amenazas de extorsión contra el transporte público y contra las tortillerías, por lo que se comprometió a que no exista impunidad en este y otros casos de extorsión. Además, con la reforma al Código Penal la extorsión se equipara al delito de secuestro, con lo que se elevan las penas hasta 25 años de prisión.
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