Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Jueces y magistrados locales tendrán que someterse a exámenes de control de confianza cada 3 años, según iniciativa de legisladores de Morena y del PVEM que busca hacer obligatoria dicha evaluación para todos los mandos jerárquicos del Congreso, del Poder Judicial, de la administración estatal y de los órganos autónomos. Evadir la certificación, sabotear la evaluación, no hacer el examen con causa justificada o sacar resultado de “no apto” ameritaría la separación del cargo público, de acuerdo con el anteproyecto de expedición de una Ley de control de confianza en Michoacán. Magistrados del Supremo Tribunal, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral del Estado enfrentarían procedimientos de juicio político para la posterior destitución del cargo, en caso de negarse a hacer el examen de control de confianza o no presentarse al examen con causa justificada. Cabe recordar que los exámenes de control de confianza son obligatorios para ingresar a las instituciones de seguridad pública. La propuesta legislativa de Julieta García Zepeda, Margarita López y Juan Barragán plantea incluir en la evaluación forzosa a los funcionarios de elección popular, junto con los mandos medios y superiores de los tres poderes del Estado, de los Ayuntamientos y del Instituto de la Defensoría Pública, del Instituto Electoral de Michoacán, así como a los funcionarios administrativos, operativos y de confianza de las instituciones de seguridad pública. ‘No mentir ni enriquecerse’ Todos los mandos jerárquicos del gobierno michoacano tendrán que someterse cada 3 años a exámenes de control de confianza para acreditar que son incapaces de robar, mentir o traicionar, según la iniciativa para crear la Ley estatal de control de confianza. El detector de mentiras o prueba del polígrafo es uno de esos exámenes. En esa evaluación, el estrés o la ansiedad, el ritmo cardiaco, la sudoración y la actividad cerebral serían indicadores para saber si un funcionario interrogado miente o dice la verdad. Los exámenes de control de confianza intentan detectar si la persona consume drogas, cómo reacciona ante el estrés, si es apta para portar armas y si tiende a incurrir en actos de enriquecimiento ilícito, si tiene nexos con grupos de la delincuencia organizada, si ha disparado un arma, si ha sido corrompido o si ha matado a alguien. En las pruebas toxicológicas, un resultado positivo sin causa legal y justificada, es motivo suficiente para separar al funcionario. La evaluación no se equipara al servicio civil de carrera. Los funcionarios evaluados no adquieren derechos a la inamovilidad, es decir, sus cargos siguen sujetos a la libre remoción por ser trabajadores de confianza, sin derecho a la estabilidad laboral. Cabe referir que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no se oponen a la práctica de los exámenes de control de confianza para los jueces del Poder Judicial, siempre y cuando dichas pruebas estén señaladas en las respectivas leyes orgánicas. “Yo no entiendo por qué los jueces no se tengan que someter a evaluaciones”, ha dicho María Elena Morera, dirigente del colectivo Causa en Común. Los exámenes incluyen pruebas del perfil médico y de personalidad, y una investigación a fondo de la riqueza patrimonial del personaje.
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