Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Se ha vuelto impagable la deuda de los choferes de transporte público de Michoacán. Luego de más de 2 años de restricciones sanitarias por la pandemia de la COVID-19, la falta de aforo, inflación y falta de liquidez para el pago de los compromisos financieros, la deuda colectiva de los trabajadores del volante asciende a más de 600 millones de pesos. Durante un encuentro con medios desde el municipio de Uruapan, José Trinidad Martínez Pasalagua, líder del gremio denominado Comisión Reguladora del Transporte (CRT), acusó que presentan severas dificultades financieras y ha habido limitada sensibilidad al respecto. Señaló también que el gobierno estatal, además de no convocarles para presentar los nuevos proyectos de movilidad (como el metrobús), tampoco ha considerado el difícil contexto económico actual de los transportistas. Los camiones, camionetas, vehículos y otros insumos obtenidos previo a la contingencia sanitaria a través de esquemas de financiamiento se volvieron impagables tras los procesos de confinamiento, pues sus ganancias se desplomaron. En muchos apenas han podido mantener los pagos a tiempo. La alta carga de intereses y la falta de ingresos en las familias de los transportistas llevó a niveles históricos en los números rojos a los que se enfrentan los trabajadores del volante, argumentó la CRT. El aspecto más preocupante es que en muchos de los casos el patrimonio de familias está a punto de perderse. En voz de Martínez Pasalagua, fue gracias a los medios de comunicación que se han enterado de las intenciones de instalar un metrobús en la ciudad de Morelia y un cablebús en Uruapan. No obstante, a pesar de los discursos de inclusión a los transportistas, aseguró que a las organizaciones no se les ha informado ni consultado sobre las posibilidades. Jamás nos ha convocado el gobierno para ver en qué condiciones económicas estamos después de la pandemia, no nos han preguntado ni cuánto debemos y yo quiero decir que tenemos hasta unos 600 millones de pesos de deudas y que la tenemos congelada en muchos municipios y la estamos reestructurando porque no podemos pagar”, aseveró. Agregó que debido a esto “están en juego propiedades de las familias, el hecho de que no ha habido de parte del gobierno la apertura de que es un gobierno que se dice democrático y queremos que abran escenarios para debatir”. Para las organizaciones de transportistas, primero se tendrían que resolver los obstáculos de supuesta “competencia desleal” que se han denunciado durante los últimos años, en particular plataformas digitales como Uber. Acusaron que la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra) no ha ordenado tampoco el esquema de transporte escolar, de personal ni servicios de taxi con uso colectivo. Por las condiciones deficitarias, financieras y de operatividad en cuanto a la competencia irregular, señalaron que actualmente no están en las condiciones para invertir en camiones tipo BRT, “que cuestan por si solos hasta 15 millones de pesos cada unidad y que requieren hasta de 20 mil pesos diarios para operar”. Asimismo, se pronunciaron desconfiados de los resultados que puedan arrojar los estudios de factibilidad que desarrolla el gobierno del estado desde hace meses, toda vez que, señalaron, son empresas afines al gobierno federal y estatal que también se verían beneficiadas de impulsar dichos proyectos aún sin las condiciones necesarias. “El transporte de personal, de escolar y no lo ha regulado la Cocotra y ya tiene más de un año; nosotros decimos que primero tienen que ordenar la casa: quitar la competencia desleal de las calles (sic)”, dijo Martínez Pasalagua. La empresa que está haciendo la consulta en Morelia es la misma que hizo el proyecto del Tren Maya y que son afines al gobierno… desconocemos si habrá el sustento para la obra. Esperamos que esto pueda caminar de manera diferente, no nos asusta invertir, pero vamos a invertir en un campo limpio”, concluyó. Tuvieron que reunirse este mes A principios de este mes el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que los estudios de factibilidad arrojan la necesidad de un transporte masivo para la zona en donde se concentran más de 200 mil habitantes. Entre las novedades presentadas se destacó que serán los propios transportistas los que se ocuparán de la operatividad del nuevo esquema de movilidad. Se esperaba que durante este mes de noviembre iniciasen los trabajos de coordinación y negociación con el sector de los transportistas y la desincorporación de vialidades que por su ubicación pertenecen al gobierno federal. Asimismo, el recurso sería fondeado a través de Banobras y ya se encuentra en proceso de evaluación de los proyectos ejecutivos para ser aprobados.
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